Con el tema de las termas cerradas conviene ponerlo todo en contexto. El día 23 de diciembre del año 2019, después la habitual tramitación parlamentaria por la que pasan todas las leyes, quedó aprobada la regulación autonómica de aprovechamiento lúdico de las aguas termales. Desde entonces, se conocen con exactitud las adaptaciones exigidas para poder tener abiertas las termas de Ourense al público. También estaban claros los plazos para su aplicación, que incluso fueron ampliados a consecuencia del coronavirus. Pese al retraso, el alcalde dice que será capaz de abrir las termas antes del día 1 de diciembre, es decir, que conseguirá en mes y medio más que en los últimos casi dos años.
Más allá del debate sobre quién es el culpable de esta situación, el plazo que ofrece el regidor será muy difícil de cumplir. Además de obras que aún no se han ejecutado, la Xunta exige, por ejemplo, que las pozas tengan personal de vigilancia y gestión para el control de aforos. El Concello de Ourense tiene preparado un pliego para contratar a una empresa que se encargue de ello, pero ni siquiera ha superado aún todos los filtros internos, por lo que parece difícil que los trámites estén listos para el día 1 de diciembre.
Eso, claro, a menos que a Jácome se le ocurra alguna idea imaginativa. Podría, por ejemplo, encargar a sus asesores que se encarguen de ese trabajo. Tiene todo un ejército a su servicio y, si envía a algunos efectivos en misión especial a las pozas, quizás nos ahorremos el bochorno de recibir a los primeros turistas del AVE sin uno de nuestros grandes reclamos.