El Supremo confirma la condena de veinte años de cárcel para un ourensano que raptó y violó a una mujer durante 19 días

La causa judicial abierta en Ourense en enero del 2018 por el rapto y violación que sufrió una mujer durante diecinueve días se cierra. El Tribunal Supremo ha contestado a los recursos presentados por los condenados por aquel terrible suceso, rechazándolos todos y manteniendo los términos de la condena que en abril del 2020 había dictado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que endureció las penas impuestas en su día por la Audiencia provincial de Ourense. Los magistrados del alto tribunal español dan plena validez, como ya lo hicieran en instancias anteriores, a la declaración de la víctima, considerando también acreditado que los padres y hermanos del principal acusado, Javier Gabarri, facilitaron que este cometiera los delitos sin ayudarla, pese a que pudieron hacerlo. Todos los implicados forman parte del conocido policialmente como Clan Madriles. 

Así las cosas, Javier Gabarri tendrá que afrontar, ya sin posibilidad de recurso alguno, una condena de veinte años y tres meses de prisión por el secuestro de la mujer, a la que agredió sexualmente, golpeándola y sometiéndola, con violencia e intimidación, a un trato degradante, con continuas humillaciones y vejaciones. Todo ello después de haberla llevado a una infravivienda del barrio de San Francisco de la capital ourensana, en la que estuvo retenida. Se confirma así la condena por los delitos de detención ilegal, agresión sexual continuada, contra la integridad moral y lesiones. No atienden los togados a los argumentos de la defensa, que consideraba que el testimonio de la víctima no debía ser considerado como prueba de cargo suficiente. «Partimos de un testimonio inequívoco y explícito, debidamente contextualizado en tiempo y espacio, así como en sus hitos más relevantes», argumentan los jueces, que otorgan total validez a la terrible declaración de la víctima, quien aseguró en la sala de vistas que durante su cautiverio llegó a temer en varias ocasiones por su vida. «Se muestra persistente en todos y cada uno de sus aspectos esenciales», dicen los jueces.

En relación al papel de sus padres y sus tres hermanos, que estaban en la vivienda y supieron lo que pasaba con la víctima, los magistrados se muestran también inflexibles frente a los argumentos de sus abogados. «Se sumaron a la ejecución del delito, con el inequívoco propósito de sostener con su actuación la situación antijurídica creada, que contribuyeron decisivamente a mantener con su propia actuación». En su caso, y como cooperadores necesarios en el delito de detención ilegal, se confirman las penas de cinco años de prisión.

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