La fiscala archiva la denuncia contra Jácome por bajar los bolardos pero dice que actuó de forma «alegal»

Miguel Ascón Belver
miguel ascón OURENSE

OURENSE CIUDAD

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, el día que ordenó bajar los bolardos
Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, el día que ordenó bajar los bolardos MIGUEL VILLAR

El alcalde de Ourense cometió un «ilícito administrativo», pero no un delito penal, concluye el dictamen de Fiscalía

08 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, aprovechó el pleno de ayer para anunciar al resto de miembros de la corporación que le acababan de informar del archivo de la investigación que la Fiscalía había abierto por la decisión de inutilizar los bolardos de acceso al casco viejo. Una denuncia anónima lo acusaba de varios delitos penales, pero la fiscala jefa de Ourense, Eva Regueiro, concluye que no hay materia para ello. Aunque sí dice que la actuación de Jácome fue «alegal».

Tras analizar la documentación solicitada al Ayuntamiento y tomar declaración a Jácome, entiende que este actuó sin amparo normativo al bajar los bolardos. La fiscala se refiere concretamente a la rueda de prensa del día 26 de febrero del año 2020 en la calle Concordia. Fue entonces cuando el alcalde escenificó la medida, pero no fue solo una puesta en escena. Realmente, Jácome ordenó en ese mismo momento inutilizar ese sistema de acceso sin modificar previamente la ordenanza municipal de tráfico, que recoge el uso de ese tipo de barreras.

Ese modo de actuar «constituye una vía de hecho y, por tanto, un ilícito administrativo», concluye el escrito de la fiscala, que inmediatamente añade que «por más que su actuación fuese alegal por no ajustarse a procedimiento [...] difícilmente podría calificarse desde el punto de vista penal de arbitraria su decisión». Regueiro remarca que el secretario no formuló ningún reparo y que la medida «está fundamentada en los daños materiales a los vehículos, personales a los viandantes causados por el sistema de bolardos, y en la carga jurídica y económica que supone para el Ayuntamiento». Además, recuerda que en año 2015 la corporación municipal aprobó la eliminación de los bolardos.

La fiscala concluye que podría existir responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento, pero debería haber sido exigida por los usuarios en la vía administrativa y contencioso-administrativa. Ni en el Concello ni en los juzgados se planteó ninguna acción de ese tipo, tan solo la denuncia penal anónima que ahora archiva Eva Regueiro.

Sin importancia

Cuando aludió al archivo de esta investigación en el pleno de ayer, Jácome dijo que estaba convencido de que el caso terminaría de este modo. «No le di importancia en su día y tampoco se la voy a dar ahora», aseguró el alcalde ourensano.