«Se puso patas arriba la comisaría de Ourense con un auto inmotivado», asegura uno de los abogados defensores, mientras la Fiscalía valora si retirar la acusación, lo que supondría la absolución de los investigados
26 ene 2021 . Actualizado a las 10:51 h.El caso que se sigue en la Audiencia provincial de Ourense contra cuatro agentes de policía acusados de colaborar con narcotraficantes se ha quedado sin su principal prueba de cargo: las escuchas telefónicas. Casi seis años después de que un auto del juzgado de instrucción 1 de la capital ourensana autorizase las intervenciones de los acusados, trece en total, el tribunal que se encarga del asunto ha dictaminado que aquel auto no estaba lo suficientemente motivado, declarándolo nulo.
La decisión supone un triunfo importante para las defensas, que ganan una batalla, pero también podrían ganar la guerra. A raíz de aquellas escuchas, que se prolongaron durante meses, se grabaron conversaciones entre los acusados que probarían la «colaboración simbiótica» entre policías y traficantes, esto es al menos lo que sostiene la Fiscalía de Ourense, pero ahora los magistrados de la Audiencia consideran que se vulneró el secreto de las comunicaciones de esos acusados, por lo que nada de lo que se consiguió con las grabaciones podrá ser usado como prueba. Tampoco los registros realizados cuando estalló la operación Zamburiña, en los que se incautaron nada menos que siete kilos de droga, ni tampoco las declaraciones de los acusados en instrucción, algunas autoinculpatorias.
En su día la Audiencia provincial ya había valorado la idoneidad de ese auto judicial, cuestionado siempre por las defensas. Eso sí, entonces lo validó. Ahora cambia el criterio, al sostenerse que no había indicios de la comisión de delitos por parte de los investigados, sino meras «conjeturas». Así lo explicó in voce al inicio de la sesión del lunes la presidenta del tribunal, Ana del Carmen Blanco, que se refirió a la «generalidad» del oficio policial que Asuntos Internos envió al juez. «El instructor confió en lo que se le decía sin verificar que fuera realidad», explicó haciendo suyos los argumentos de las defensas. En aquel oficio policial se explicaba que los agentes investigados, al menos alguno de ellos, habían hecho consultas de números de DNI o matrículas de coches, y que habían mantenido encuentros con traficantes. Para la sala todo eso eran «conjeturas que no justifican la invasión del secreto de las comunicaciones».
Así las cosas, la causa queda huérfana de prueba y ahora las partes tendrán que replantear su estrategia. Es evidente que la más afectada por esta novedad es la Fiscalía, a la que se concedió un aplazamiento de veinticuatro horas para plantear, en su caso, la práctica de pruebas que nada tengan que ver con las escuchas telefónicas. Podría también ocurrir que optase por retirar la acusación, lo que implicará una absolución inmediata de todos los acusados, y no se descarta tampoco que recurran ante el Tribunal Supremo la decisión de anular las intervenciones.
En este punto, las defensas tienen claro lo que debería pasar. «Creo que no queda nada», dijo Beatriz Seijo, abogada del ex jefe del grupo antidroga de la comisaría de Ourense, Antonio R. F., para el que se pedían más de diez años de cárcel por tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. «No hay pruebas al margen de las intervenciones telefónicas; el ministerio fiscal ya no tiene nada», insistió, considerando que lo probable es que su cliente sea absuelto en este nuevo escenario.
«El ciudadano debe saber que cuando se interviene un teléfono se hace dentro de la más estricta legalidad. Hay que incautar droga, pero no a cualquier precio», aseguró la profesional que advierte que el auto ahora tumbado ya debió anularse en su día. «Nos hubiera gustado ahorrarnos todo este sufrimiento», dijo.
Respecto al futuro de su cliente, suspendido de su trabajo policial desde el 2015, asegura que de ser absuelto pedirá el reingreso inmediato en el cuerpo, sin descartar otras acciones para compensar posibles daños. «Nos toca darle la vuelta a esta tostada», adelantó.
Jorge Temes, abogado de Josefa P. G., presunta cabecilla de la red de traficantes a la que habrían protegido los agentes, a la que se acusaba de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia de armas, se congratuló de que la Audiencia provincial hubiese tenido la valentía de «cargarse una instrucción ilegal y hacer prevalecer los derechos fundamentales de los acusados». «La Audiencia ha demostrado que es una garantía de imparcialidad», dijo, lamentando que en este asunto «se puso patas arriba la comisaría de Ourense con un auto inmotivado».
Daños «irreparables» para los agentes
«Se ha hecho justicia, estas personas han estado en un sinvivir; algunos ya no son funcionarios policiales y eso es algo irremediable, ya no se puede dar marcha atrás», dijo José Ramón Sierra, abogado de los agentes Mercedes C. G. y Felipe M. A., ambos ya jubilados. «¿Qué ocurre con estas personas a las que se ha acusado equivocadamente, por no decir tendenciosamente? El daño es irreparable», advirtió.
