La fiscal de la Zamburiña: «Hubo más que sospechas, se constataron delitos»

El juicio que se celebra en la Audiencia provincial de Ourense para dilucidar si hubo agentes policiales que colaboraron con traficantes de droga cubre su primera etapa. Este miércoles la fiscal cerró la fase de cuestiones previas, para la que se han necesitado tres días debido a las muchas dudas que han planteado las defensas sobre la legalidad de la investigación y, sobre todo, de las intervenciones telefónicas que desembocaron en la operación Zamburiña, en la que se arrestó a once personas entre las que se encuentran los cuatro ex miembros del equipo de drogas de comisaría ahora enjuiciados y nueve presuntos traficantes que también se sientan en el banquillo de los acusados desde este lunes.

Pero para la representante de la Fiscalía de Ourense, única acusación en este asunto, no se puede hacer tacha alguna ni sobre el inicio del caso, que arrancó en un anónimo enviado a la unidad de Asuntos Internos, ni sobre su desarrollo posterior ya con supervisión judicial. Una por una fue rebatiendo, a lo largo de casi tres horas, las cuestiones planteadas por las defensas, dejando clara desde el principio una declaración de intenciones. «En este caso no ha habido ninguna violación de derechos fundamentales», aseguró, centrando buena parte de su tiempo en dar su versión sobre la actuación del juez instructor que meses después de archivar el caso de la desaparición de armas del búnker de comisaría, reabrió el asunto y autorizó pinchar los teléfonos de los acusados, ante las sospechas de que había «actuaciones sumamente anómalas» por parte de algunos funcionarios de policía, sobre las que había informado la unidad especial tras hacer sus propias averiguaciones.

«Para poder analizar ese auto es importante ver el que acordó el sobreseimiento», dijo la fiscala Pilar Manso, que recordó que fue la policía judicial de la comisaría ourensana quien informó al titular del Juzgado de Instrucción 1 de que la desaparición de las pistolas no era constitutiva de delito. «Si la propia UDEV dice que los hechos no son delito, lo lógico es que el instructor dicte auto de sobreseimiento», advirtió. Y fue más allá, dejando entrever que desde esta unidad se había «confundido al juez» y que desde la comisaría se había intentado tapar el robo de armas, hecho que se desprendería del contenido de varias conversaciones entre agentes. «Lo que dicen dos agentes es que por parte de la comisaría se tapó la investigación de armas», afirmó.

Y recordó que cuando en marzo del 2015 el juez reabrió el caso lo hizo con un nuevo informe de la UDEV de Ourense sobre una nueva desaparición de armas y un oficio de la Unidad de Asuntos Internos. «Había elementos que indicaban conductas delictivas en la comisaría de Ourense», recordó, contestando así a las defensas, que llevan años cuestionando que se hubiera tenido en cuenta como germen del caso un anónimo. La fiscal no lo ve así. «Este caso no se abrió por una nota anónima, sino por una investigación en la que se observa la actuación anómala de funcionarios», dijo, recordando entre esas actuaciones los accesos a bases de datos para recabar información que luego facilitarían a traficantes. «Aquí no hubo solo sospechas, sino que se constataron acciones ilícitas que otorgaban credibilidad al anónimo», aseguró, sin olvidarse de que tras meses de escuchas y otras actuaciones, se lograron resultados. «Los indicios se acabaron convirtiendo en certezas, no solo por las conversaciones sino por lo que se ocupó a los acusados, con cantidades muy importantes de sustancias estupefacientes», afirmó.

 «No se podía mirar a otro lado»

Respecto a la justificación de las intervenciones telefónicas, que todas las defensas ahora quieren anular porque consideran que vulneraron la legalidad, la fiscala también aportó su versión. «Se pusieron de manifiesto irregularidades, no hubo una intervención telefónica prospectiva, no se podía mirar hacia otro lado y había que seguir adelante interceptando comunicaciones. Hubo una larga investigación previa», aseguró.

El juicio se aplaza hasta el lunes para que el tribunal decida si debe o no seguir adelante

Las posturas que han presentado los abogados de los trece acusados en el turno de cuestiones previas coinciden y tienen, además, una enorme importancia sobre lo que pueda pasar con el juicio de la operación Zamburiña. Los letrados no se han centrado en si sus clientes son o no culpables, sino que han cuestionado la investigación y, especialmente, las intervenciones telefónicas que se autorizaron por el juez, considerando que se vulneraron derechos fundamentales y que no se deben admitir como prueba. Asimismo, han arremetido contra el auto que inició el asunto en marzo del 2015, considerando que no estaba fundamentado porque se basó en un anónimo cuya autoría no se investigó.

Y sobre estas y otras muchas cuestiones deberá ahora posicionarse el tribunal. La magistrada Ana del Carmen Blanco anunció este miércoles que deben hacer una «adecuada valoración» de todo lo argumentado antes de seguir adelante, en su caso, y para ello la vista se suspenderá hasta el lunes. Ese día se comunicará la decisión de la sala.

Los acusados, al final

Otro de los cambios anunciados por la presidenta del tribunal tiene que ver con la declaración de los acusados, que se hará cuando declaren todos los testigos. Los investigados son Antonio R. F., Mercedes C. G., Felipe M. A. y José Antonio R. F., los cuatro agentes de policía a los que se acusa de tráfico de drogas, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. Se acusa además a nueve presuntos traficantes, entre los que se encuentra Josefa P. G., supuesta cabecilla de la organización criminal y ocho de sus colaboradores.

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