La defensa de un policía acusado de colaborar con traficantes: «Estas diligencias nacen del delito»
OURENSE CIUDAD
La letrada cuestiona la validez como prueba de un anónimo y acusa a la Unidad de Asuntos Internos de «falsear un montón de cosas»
18 ene 2021 . Actualizado a las 15:32 h.¿Nació la Operación Zamburiña en irregularidades por las que se debe decretar su nulidad? La respuesta a esta pregunta la tendrán que valorar los integrantes del tribunal que desde este lunes juzga en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Ourense a cuatro agentes de Policía Nacional acusados de proteger a nueve traficantes, juzgados también en la misma causa. Por ahora, la primera de las abogadas defensoras en tomar la palabra en el juicio _que en su primera jornada ya evidenció que será largo y complejo_ ya ha puesto sobre la mesa esta cuestión, planteando serias dudas no solo sobre la carta anónima que dio origen a la investigación, sino también sobre el proceder de los agentes de la Unidad de Asuntos Internos que indagaron el asunto, especialmente su jefe, al que llegó a acusar de «reconducir tendenciosamente la investigación».
Beatriz Seijo, letrada que representa al exjefe de la brigada antidroga de la comisaría de Ourense, Antonio R. F., para el que se piden más de once años de cárcel, protagonizó la mayor parte de esa primera sesión, sin ahorrar críticas no solo a la forma en la que se iniciaron las diligencias, sino también a su desarrollo posterior. «Esto se inicia con un anónimo, ¿cómo es posible que luego se trate eso como una prueba plena o un indicio?», aseguró la letrada, que recordó que en el anónimo se aseguraba que varios agentes habían accedido a bases de datos para obtener información que luego facilitaban a delincuentes. Ella sostiene que quienes enviaron el anónimo fueron los mismos que accedieron a la información previamente. «Estas diligencias nacen del delito, el envío de ese anónimo lo fue», insistió, asegurando que «los accesos inconsentidos los hizo otro para simular que era yo (por su cliente)». Y se fue directa a por los integrantes de la unidad especial en la que se recibió el escrito, cuestionando duramente su forma de actuar. «La Unidad de Asuntos Internos falsea un montón de cosas a raíz del anónimo. Se dice que se envió en una fecha, y no es cierto; no se persigue a quien se cree que hizo el anónimo; no se hace investigación en torno al envío de ese escrito; no se buscó nada porque había una intencionalidad por parte de la UAI», argumentó la letrada, que también lanzó cuchillos a la Fiscalía de Ourense, por «habernos puesto todas las trabas del mundo» y al juez instructor, por haberse excedido en sus competencias. Eso sí, las principales acusaciones recayeron en el responsable de la unidad especial, contra el que hace ya unos meses presentaron una querella que está pendiente de admisión en el juzgado. Consideran que ese agente se «confabuló» con los dos que presuntamente enviaron el anónimo e incluso reprodujo verbalmente parte de una conversación telefónica entre ellos que consta en las diligencias. «Hay que saber si aquí ha habido una confabulación», aseveró. Por cierto, esos dos agentes a los que se refería Seijo son los dos hermanos gemelos que desde el 2018 figuran como investigados en la muerte de un compañero cuyo cadáver apareció con un tiro en la sien en el despacho de la comisaría ourensana en abril del 2016. La letrada cree que las dos causas tienen relación, como también la desaparición de varias armas del búnker de la comisaría, otro asunto que se conoció a través de aquel anónimo. «Si la Unidad de Asuntos Internos ha encubierto a los gemelos, esta causa pivota sobre un delincuente y la justicia no puede permitirse esto», aseguró.
Así las cosas, el juicio continuará este martes, tomando de nuevo la palabra la misma letrada, que también ha pedido que se suspenda la vista porque no ha tenido tiempo, alega, de escuchar las grabaciones de intervenciones telefónicas que sustentan este caso. Se las entregaron, dice, hace once días.
Los acusados declararán según el orden previsto, y no al final
Otra de las cuestiones que centró la primera sesión del juicio fue la petición, en la que se unieron todas las defensas, relativa a que los acusados declarasen al término de la prueba testifical. Pese a los argumentos en este sentido, que consideraban más favorable a los acusados este orden, la sala se mantuvo en el criterio ya expuesto hace unos meses, en contra de esta alternativa. Los once acusados, por tanto, declararán en el orden previsto, una vez terminadas las cuestiones previas, que podrían prolongarse durante toda esta semana.
En el banquillo de los acusados por este caso se sientan cuatro agentes policiales a los que se acusa de tráfico de drogas, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. Además, hay nueve presuntos traficantes acusados no solo de distribuir drogas, sino también de formar una organización criminal. Las penas superan, en total, los cien años de cárcel.