Cuatro agentes de policía de Ourense, a juicio acusados de proteger a traficantes

La Fiscalía pide penas que suman más de cien años de cárcel para los trece acusados de la Operación Zamburiña, que se inició en el 2014 con un anónimo


Ourense / La Voz

En la Audiencia provincial de Ourense arranca este lunes, con una semana de retraso, el juicio en el que se verá si en la comisaría provincial de la Policía Nacional de Ourense hubo o no corrupción. Cuatro agentes que en su día formaron parte del grupo antidroga, entre ellos el jefe del equipo, se sentarán en el banquillo de ese tribunal acusados de haber protegido durante meses a traficantes de droga, manteniendo con ellos una «colaboración simbiótica» que, se sospecha, permitía a los primeros éxitos policiales y a los segundos libertad de movimientos para realizar sus actividades ilícitas.

El juicio, con trece procesados de los que nueve serían presuntos traficantes y el resto agentes policiales, inicia la fase final de lo que se denominó Operación Zamburiña y que a finales del 2015 provocó un verdadero tsunami en la comisaría provincial de la ciudad de As Burgas.

En realidad, todo había comenzado casi un año antes, en noviembre del 2014, con la llegada de un anónimo a las oficinas del grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con sede en Madrid. En la misiva, se informaba de las acciones irregulares y presuntamente corruptas que se estaban llevando a cabo en el grupo antidroga de Ourense, y lejos de quedar el papel guardado en un cajón, los agentes del grupo especial se pusieron a investigar. «Se descubrieron actuaciones sumamente anómalas, al margen de todo control y de la ley». Fruto de esas primeras pesquisas, en marzo del 2015 comenzaron a pincharse teléfonos y a practicarse otras diligencias, autorizadas judicialmente. Durante meses, se escucharon conversaciones y se hicieron seguimientos y vigilancias que permitieron descubrir «una mecánica común de actuaciones donde diversos funcionarios, pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Ourense, mantenían una colaboración con personas dedicadas al tráfico de sustancias».

Meses después, se puso en marcha un dispositivo policial en el que se arrestó a todos los presuntos integrantes de la trama, agentes y traficantes a los que ahora la Fiscalía de Ourense acusa de graves delitos por los que pide, en total, más de cien años de prisión.

Entre esos acusados, se encuentran los policías Antonio R. F. inspector y antiguo jefe del grupo de estupefacientes de la comisaría, y Felipe M. A., Mercedes C. G. y José Antonio R. F., los tres oficiales que integraban el mismo grupo operativo. En el bando de los delincuentes a los que estos cuatro acusados habrían protegido, se encuentra Josefa P. G., alias Pucha y sobradamente conocida en medios policiales y judiciales. Rachid E., María B. G., Xacobe B. F., José V. V., José Ramón R. R., María Estrella G. D., Javier G. C. y Fátima G. M. son los otros ocho imputados que tendrán que responder ante el tribunal.

A los primeros se les imputan los delitos de tráfico de drogas, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos. La pena más alta, de 11 años y 4 meses de prisión, con fuertes multas, es la que reclama para el exjefe del grupo de drogas, Antonio R. F. En cuanto a los traficantes, les atribuye el Ministerio Público pertenencia a grupo criminal, tenencia de armas y contra la salud pública. En su caso, la pena más severa es la que se reclama para Josefa P. G., a quien se considera responsable de liderar el grupo criminal. La Fiscalía pide para ella trece años de reclusión por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

El juicio por este caso, que se prolongará durante dos meses en una sala de vistas que se ha acomodado a las exigencias sanitarias, debería haber comenzado el pasado lunes pero el aislamiento por posible covid-19 de uno de los acusados, obligó a aplazarlo. Será, si no hay nuevos imprevistos, este lunes 18 de enero cuando arranquen las sesiones, con la intervención de las partes para las cuestiones previas. Los abogados defensores ya avanzaron que pedirán la nulidad. «Este caso está plagado de irregularidades», asegura la a abogada del inspector Antonio R. G.

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