Pachi Vázquez, absuelto de prevaricación por los contratos de trabajadores en O Carballiño

La jueza exonera al político y a los otros cuatro ediles de la corporación, pero recuerda que la acusación contra ellos «no era infundada»

En la imagen, el exsecretario xeral del PSdeG Pachi Vázquez
En la imagen, el exsecretario xeral del PSdeG Pachi Vázquez

ourense

Pachi Vázquez, exsecretario general de los socialistas gallegos, ha sido absuelto del delito de prevaricación por el que fue acusado y juzgado a finales del año pasado en Ourense. La magistrada del juzgado de lo penal 2 de la capital de As Burgas, Susana Pazos, ha exonerado al político, que sigue en activo con la formación Espazo Común, y a los otros cuatro ediles que tuvieron responsabilidades en la corporación municipal de O Carballiño, gobernada por el PSOE desde 1995  hasta el 2011, considerando que no hay pruebas de que se vulnerasen los principios de igualdad, mérito y capacidad en los contratos de 60 trabajadores, en contra de lo que sostenía la Fiscalía de Ourense, que solicitaba diez años de inhabilitación para el político.

«Después de lo que consideré una gran injusticia ha llegado la justicia. Me alegro por mí, por 60 trabajadores a los que se cuestionó su integridad no solo laboral sino también personal, por mis compañeros y concejales que también se vieron afectados y, sin duda, por el Concello de O Carballiño», dijo Vázquez conocido el fallo.

 Seis años después de que se iniciara el procedimiento, tras certificar la secretaria municipal carballiñesa que no existían los expedientes de los contratos temporales, la magistrada no ve indicios de prevaricación en los hechos, si bien reconoce que había motivos para sostener la querella que en 2014 se promovió por el entonces fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado. Eso sí, admite que durante el juicio las evidencias se desvanecieron. «En el presente caso, la información inicial con la que se contó sí parecía avalar claramente la aseveración de que no existió en relación con ninguna de las personas referenciadas en el escrito de acusación, procedimiento de selección alguno», dice la magistrada, que recuerda que «el origen de la imputación que se mantiene contra los acusados está en lo informado por la secretaria del Concello de Carballiño en sus escritos de fecha 7 de agosto de 2013 y 16 de enero de 2014». Da por sentado, por tanto, que «parecía más que evidente que la acusación sostenida por el Ministerio Fiscal no era infundada», si bien considera que «una vez valorada la prueba practicada en el acto del juicio, hemos de convenir con las defensas en cuanto a que estos indicios incriminadores que existían contra los acusados se han ido desvaneciendo totalmente».

La magistrada apunta directamente a la secretaria, la misma que en su día dijo que no existían los expedientes, y que aportó en el juicio una muy vaga declaración pese a ser la principal testigo de la acusación. «Al margen de que no recordaba prácticamente ningún aspecto acerca de los que fue preguntada, lo cierto es que acabó admitiendo que pudiera ser que no se hubieran encontrado los expedientes de contratación porque no se habían archivado dentro de los expedientes personales de cada trabajador, que fue donde se buscó», advierte la jueza, que es especialmente crítica con la conducta de esta funcionaria, ya que en el juicio admitió que había hecho en su día advertencias verbales a los acusados sobre posibles irregularidades en los contratos temporales, nunca por escrito. «Decir que se hicieron advertencias verbales es tanto como no decir nada», advierte la togada. 

Valora además la magistrada que en el período cuyas contrataciones se cuestionaron, entre 1999 y 2011, solo hay constancia escrita de tres posibles irregularidades en la llegada de trabajadores al ayuntamiento. «Lo que está claro es que si durante un período de nada menos que doce años sólo en estos tres casos la Intervención detectó irregularidades determinantes de la necesidad de emitir por escrito una advertencia, hay motivos más que fundados para considerar corroborado el criterio que se ha venido emitiendo a lo largo de esta resolución acerca de que no se prescindía por sistema en el Concello de Carballiño, de procedimientos de selección conforme a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la contratación de personal laboral temporal».

Asumiendo los argumentos de las defensas, que atribuían al caos del archivo municipal que no se hubiesen hallado los expedientes de los contratos, la magistrada da cuenta de esa penosa situación y recuerda que con el tiempo fueron localizándose papeles. «Tampoco puede considerarse probada la imputación de ausencia total de procedimiento de selección, a partir de las testificales practicadas en el acto del juicio», recuerda, fijándose en lo que declararon varios técnicos e incluso el agente notificador en relación a que se seguían los principios legales para estos contratos. «Hay motivos más que fundados para considerar que, en lo sustancial, se intentaban respetar los principios reiteradamente aludidos a lo largo de la presente resolución que deben ser observados en la contratación del personal laboral temporal», dice, admitiendo eso sí que «es cierto que no ha podido determinarse en relación con todos y cada uno de los trabajadores relatados en el escrito de acusación el procedimiento de selección que se siguió».

No actuaron con "conciencia de arbitrariedad"

"Ni hemos podido concluir que en la contratación de los trabajadores se hubiera prescindido totalmente de un procedimiento de selección que intentase respetar los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, ni tampoco que los acusados hubiesen actuado con conciencia de arbitrariedad en las resoluciones que llegaron a dictar en el ejercicio de sus cargos”, destaca la jueza en la sentencia, en la que asegura que “tampoco en relación con las prórrogas o a la declaración de indefinición podríamos apreciar la existencia del delito de prevaricación”. 

Además de  Pachi Vázquez, el fallo absuelve a Alfonso Prado y José Antonio Barge, ex ediles de Personal, Carlos Alberto Montes, que sucedió a Vázquez en la alcaldía y María Elisa Domínguez, que fue edila de Asuntos Sociales y alcaldesa en funciones durante algunas semanas. 

El exlíder de los socialistas dijo lamentar que haya tenido que ver su «vida truncada» por una acusación «injusta y difícil» que no se la desea a nadie. «Siete años se dicen pronto pero fueron muy duros para abandonar todo en lo que había trabajado por una acusación que ahora se demuestra como falsa», apuntó.

Desde la Fiscalía de Ourense, única acusación en este asunto, se está valorando ahora un posible recurso de esta sentencia ante la Audiencia provincial. 

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