Un conductor vigués se libra de pagar una multa al no ser localizado en 8 años

El Concello le enviaba cartas a su primo de Ourense y a direcciones erróneas

Instalaciones de la Policía Local de Vigo.
Instalaciones de la Policía Local de Vigo.

vigo / la voz

Durante ocho años, un conductor de Vigo logró eludir el pago de una multa de 200 euros por aparcar mal y ahora el juez acaba de impedir que el Concello le embargue la nómina porque la sanción ha prescrito. Durante casi una década, el Concello intentó cobrar sin éxito la multa y le mandó cartas al conductor a su casa familiar de Ourense, otras veces a señas desconocidas e incluso publicó en el BOE un requerimiento de pago dirigido a un domicilio inexistente. El caso llegó en el 2019 a un juzgado de Ourense, que se autoexcluyó porque la competencia territorial era de Vigo. Tras jugar al gato y al ratón casi diez años, el juez vigués aclaró al Concello que el derecho a cobrar la multa caducó años atrás.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo da la razón ahora al conductor frente al Tribunal Económico-Administrativo del Concello que le reclamaba la multa. El ayuntamiento decidió en el 2019 embargarle la nómina por el impago de la sanción pero el juez anula esta diligencia y la revoca.

La infracción que originó este pleito se remonta al 2 de marzo del 2012. El Concello de Vigo le multó con 200 euros por una infracción grave por estacionar en una zona reservada para carga y descarga.

El Concello le notificó la denuncia y, pasado medio año, le exigió el pago en el domicilio del infractor en Ourense, que recogió a través de un primo suyo. El conductor alegó todo tipo de excusas para no reconocer que le habían notificado la multa. Dijo que el domicilio era incorrecto, que no tenía relación con aquellos familiares y que no residía en Ourense desde su infancia pero le delató el hecho de que en su DNI figura esa dirección como la actual. Es más, se negó a firmarla.

El juez, sin embargo, cree que el derecho a exigir el pago por parte del Concello prescribió entre el 2012 y 2018 porque solo hizo una nueva notificación para reclamarle 277 euros en el 2016. Y esta fue nula porque no se notificó de forma válida pues el Concello la envió a una dirección incorrecta y luego publicó un edicto en el BOE con un domicilio erróneo. Nadie fue a la casa de Vigo donde reside el conductor a requerirle el pago sino que lo intentaron en una dirección «inexistente». Ve negligencia porque el repartidor anotó «ausente» y no «dirección incorrecta».

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