Ourense llega al confinamiento de hoy (y a todas las consecuencias que tendrá a partir de mañana) en las peores circunstancias. A su ya endémica parálisis, tras varios mandatos infructuosos para los ciudadanos, se suma la inédita situación en la que está inmerso el Concello. Tres personas, el alcalde Jácome y otros dos ediles, tienen que sostener sobre sus hombros la responsabilidad de solucionar los problemas de 105.000 ourensanos. Si eso ya es un trabajo ingente en circunstancias normales, cómo no va a serlo en un momento tan delicado, con la ciudad en alerta roja por el covid y con una parte vital del sector económico tocada y prácticamente hundida.
Ante este escenario, ¿no se merecen los ourensanos una excepción? La respuesta tienen que darla los partidos políticos con representación en el Concello y, concretamente, los que estos días se arrojan mutuamente los guantes a cuenta de la gobernabilidad de la ciudad. El PSOE y el PP tienen en sus manos rescatar a la capital y ponerla a salvo del vacío de poder inevitable que supone dejarla en manos de tres personas que barajan concejalías como si fueran cartas. Por mucha voluntad que tenga Jácome (pudo tenerla en el año de estabilidad de su mandato, pero apenas avanzó en promesas ni en proyectos clave) Ourense está detenida, congelada, quieta.
Unos vecinos que vieron cómo se secaban As Burgas, detenían a su alcalde o se quemaban sus termas tienen toda la capacidad para asumir una última sorpresa. Sobre todo si es que los políticos piensen en la ciudad antes que en sí mismos, o en sus siglas. Lo que quizá no sean capaces de soportar, especialmente ahora, es que los que pueden decidir se queden quietos.