Archivado un caso de trata de mujeres al negarse a declarar las testigos protegidas

Siete meses después de que los agentes de Policía de la capital ourensana arrestaran a siete personas implicadas en una red de trata de mujeres, el caso ha tenido que ser archivado. Pese a las pruebas iniciales que indicaban que los sospechosos se dedicaban a captar a mujeres para traerlas hasta Ourense y obligarlas a prostituirse, el asunto ha sido finalmente sobreseído al echarse atrás dos de las presuntas víctimas, que se negaron a testificar después de que sus familias recibieran amenazas.

El caso de destapó a finales del mes de noviembre. Los agentes desarticularon una trama criminal a cuyos integrantes se relacionaba con delitos de tráfico de personas e incitación a la prostitución. Se sospechaba entonces que la organización se dedicaba a captar en su país de origen a mujeres, casi siempre de nacionalidad venezolana, con el objetivo obligarlas a dedicarse a la prostitución, aprovechando la situación especialmente vulnerable que las víctimas padecían. Así, los investigadores policiales pudieron conocer que muchas de las perjudicadas tenían hijos menores a su cargo y atravesaban enormes dificultades económicas. Esa necesidad las habría convertido en las víctimas perfectas para los engaños que ponían en marcha los integrantes de la organización. Les prometían un trabajo y se comprometían a pagarles los gastos, si bien a su llegada a la ciudad se les informaba de que habían contraído una importante deuda económica y se les encerraba en pisos, obligándolas a prostituirse y siempre bajo vigilancia de algún miembro de la red.

Pero no ha habido forma de mantener las acusaciones contra los sospechosos, de los que seis ingresaron en prisión preventiva, aunque ahora ya están en libertad. En un intento de evitar que dos de las víctimas regresaran a sus países antes del juicio, y asegurar así la prueba, se señaló a finales de diciembre la celebración de una prueba preconstituida, en la que se les tomaría declaración con todas las garantías procesales, pero tras recibir amenazas sus familias en el país de origen, las testigos no llegaron a presentarse. El instructor tuvo que sobreseer el caso porque la prueba se había diluido. «Las víctimas no solo pueden ser amenazadas aquí, donde las podemos proteger, sino también en sus países de origen, donde ya no nos es posible hacer nada», señala la fiscal de Extranjería, Pilar Manso, que cree que debe haber acuerdos internacionales les o medidas de protección a esas, y a que no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones. Y sin el testimonio de la víctima, no hay caso.

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