Ourense responde con sanciones a las protestas por ruido y cerrará dos locales
OURENSE CIUDAD
Hosteleros y vecinos del casco viejo dicen sentirse amenazados los unos por los otros
12 mar 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno municipal del Concello de Ourense parece dispuesto a dar solución de una vez por todas a las quejas vecinales por ruidos en el casco viejo. En esta línea, en los próximos días se prevé el precinto de dos establecimientos que incumplieron una orden de suspensión de actividad dictada con anterioridad. El ejecutivo informó de esta medida con motivo de la reunión que este miércoles celebró la comisión creada para desarrollar una nueva ordenanza de ruidos.
La situación es tensa, con acusaciones cruzadas entre vecinos y hosteleros. Así lo hizo notar durante el encuentro el representante de la asociación O Cimborrio. Y lo refrenda el gobierno municipal. Los residentes en la zona «séntense ameazados polos propietarios dalgúns establecementos», dice el ejecutivo. Carlos Vence explica que un asociado recibió mensajes amenazantes y, por ejemplo, durante el entroido colocaron un ataúd frente a su casa. El colectivo reclama el cierre de los locales que funcionan de forma irregular en Lepanto, Xoán de Austria, Pizarro, Luna, Corregidor y Gravina.
La situación la ven de modo muy diferente los hosteleros. Juan Cruz, que tiene tres locales en el casco viejo, pretendía asistir a la reunión y llegó a sentarse en la mesa, pero fue conminado a marcharse por no pertenecer a ninguna asociación. Según explicó después, pretendía denunciar el acoso selectivo a unos locales y no a otros por parte de los vecinos y del Ayuntamiento. «Nosotros no tenemos ninguna concejalía que nos defienda», dijo Cruz, que también destacó la creación de empleo y la atracción turística de los negocios de hostelería en la zona.
El gobierno informó, no obstante, de trece expedientes en tramitación por caducidad de licencia. Pese a todo, según la Policía Local, cinco de esos locales siguen ejerciendo la actividad. Otros cuatro están pendientes de informes técnicos y los agentes policiales ya han informado de otros tres casos a los servicios jurídicos. El expediente restante hace referencia a un establecimiento que está pendiente de inspección. La comisión municipal para elaborar la nueva ordenanza quedó citada para el 29 de abril y será entonces cuando el gobierno entregue un borrador del texto para que los colectivos implicados y la oposición presenten las alegaciones.