Caride duda que pueda reabrir, tal y como estaba antes del incendio
28 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El portavoz del gobierno de Ourense, Miguel Caride, salió este jueves al paso de las críticas de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y de la asociación vecinal de A Chavasqueira en el retraso por la tramitación de la rehabilitación del espacio, que ardió por completo de madrugada en abril del año 2019. Desde el organismo de cuenca se apuntaba al gobierno local como a los responsables del retraso, toda vez que se indicaba que habían tardado medio año en enviar la documentación y que esta además estaba incompleta. «As cuestións no son tan sinxelas», matizó Miguel Caride.
El portavoz de Democracia Ourensana apuntó a cuestiones jurídicas para justificar el retraso y defendió el trabajo realizado por la concejala de Turismo, Flora Moure: «As circunstancias xurídicas que amparan a licenza para a construción dun servizo termal variaron. Ten máis complexidade e require outro tipo de informes e de accións a maiores de carácter arquitectónico. Iso por non valorar unha modificación da ubicación». Y es que Miguel Caride indicó que la nueva normativa y la ya famosa regla de las avenidas de los 500 años hacen que sea prácticamente inviable avalar una infraestructura como la que ya había en A Chavasqueira. «Todo isto fai que non sexa posible refacer da mesma forma que estaba construida e obriga a facer modificacións no proxecto inicial».
En clave política, Miguel Caride indicó a preguntas de los periodistas tras la Junta de Gobierno Local: «A vontade política vai por un lado e a realidade vai por outra». En todo caso, reconoció que desde el gobierno local igual se podría haber dado una «solución máis áxil, pero os recursos son os que son».
Rápida Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno Local del 27 de febrero no pasará a la historia por la trascendencia de los asuntos que en ella se trataron. El orden del día contaba con apenas once expedientes, que llegaron desde diferentes servicios municipales. La mayoría, cuestiones jurídicas y administrativas. Desde la Abogacía Consistorial se dio conocimiento de dos sentencias llegadas desde el TSXG en las que se estima el recurso del Concello para una orden de demolición de un edificio en la calle Pizarro, numero 10. También se trasladó que el Concello de Ourense tendrá que personarse en el Contencioso Administrativo en un recurso interpuesto por suboficiales de bomberos, que reclaman retribuciones al entender que estuvieron realizando funciones de superior categoría.
En el apartado de gestión económica se dio luz verde al pago de 141.000 euros en facturas generadas en el año 2019 y que estaban sin abonar.