La mayoría de los desahucios en Ourense, por impago del alquiler

El último caso en la capital es el de una familia con dos niños, que vivía en la avenida de Portugal


ourense / la voz

La primera semana del mes de diciembre se iniciaba de forma especialmente dura para una familia con dos niños que vivía de alquiler en la avenida de Portugal, en el barrio de O Couto. A primera hora de la mañana fueron desalojados del inmuebles en el que vivían por el impago de la renta, a la que no podían hacer frente desde el pasado mes de mayo. El colectivo Stop-Desaufizamentos Ourense organizó a media mañana una concentración de apoyo a los afectados delante del Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Ponen la voz de alarma en el hecho de que la nueva normativa favorece a los especuladores y que va contra los intereses de los más desprotegidos. Indicaron que el número de desahucios en el partido judicial de Ourense no se detiene y que durante el 2018 fue de 104. Se trata de una cifra ligeramente inferior a la registrada en el 2017, cuando el número se elevó hasta los 158. En el ejercicio anterior, la mayoría de los desahucios en el partido judicial ourensana se debieron al impago del alquiler (83), mientras que los casos en los que se vieron afectados los dueños de una vivienda que no pudieron hacer frente a la hipoteca fue de 21. Lamentan también la falta de políticas que vayan más allá de las ayudas puntuales que, señalan, en ningún caso acaban con la problemática de fondo que pueda tener una familia que se encuentre en una situación límite, como es el caso de la que el lunes fue desahuciada del piso de alquiler en la avenida de Portugal. Exigen que el Concello de Ourense cuente con viviendas de emergencia para estos casos y no tener que recurrir a acciones improvisadas, como ha sido el caso para evitar que esta pareja con sus dos niños en edad escolar (9 y 6 años) se queden en la calle. Además, consideran necesario la puesta a disposición de este perfil de ciudadanos viviendas sociales.

Periplo

La pareja desahuciada formalizó el contrato de alquiler en marzo del 2018, cuando no tenían ingresos estables y solo disponían de algunos ahorros y de trabajos sin contrato. Con los gastos extraordinarios del colegio de los menores y al acabarse los ahorros, comenzaron los problemas y tuvieron que elegir, según explican desde Stop-Desaufizamentos Ourense, entre la manutención familiar o hacer frente al alquiler. Las ayudas de Servizos Sociais y el RISGA no fueron suficientes para hacer frente a esas deudas.

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