Crecen las agresiones a médicos, pero solo se denuncia una pequeña parte

El colegio y la Fiscalía ponen en marcha un protocolo para facilitar que los ataques no queden impunes


ourense / la voz

Las agresiones al personal sanitario son un fenómeno al alza pero a los juzgados solo llega una pequeña parte de los episodios violentos que se constatan en consultas de ambulatorios y centros hospitalarios. Para facilitar que el proceso de denuncia sea más sencillo para las víctimas y garantizar que quienes peguen o amenacen a médicos, enfermeros u otro personal sanitario, afronten las responsabilidades penales de sus actos, se ha puesto en marcha un protocolo firmado por el colegio de médicos y la Fiscalía.

Se trata de un acuerdo rubricado a nivel gallego cuyo desarrollo a nivel provincial pretende sacar a la luz casos no denunciados y mejorar la seguridad en los centros médicos. «Se ha venido produciendo un incremento de agresiones a personal sanitario en el ejercicio de sus funciones y esto afecta a la libertad y la seguridad de este personal, que se ve en muchas ocasiones agredido por una conducta reprochable socialmente, pero también desde el punto de vista penal», explicó Carlos Valenzuela, fiscal jefe en funciones de Ourense, quien avanzó las consecuencias penales que puede suponer golpear o vejar al personal sanitario. «Todo acto agresivo o intimidación a personal sanitario en el ejercicio de las funciones propias de su cargo tiene que ser considerada como atentado, con pena que va de uno a tres años de prisión». Recordó asimismo Valenzuela que las penas también contemplan la imposición de medidas de alejamiento de las víctimas y de su lugar de trabajo en aquellos casos en los que exista riesgo de reiteración delictiva.

Afecta más a mujeres

Respecto a cifras, el secretario del colegio médico, José Manuel Bendaña Jácome, explicó que el número de denuncias es muy residual, constatando que no refleja la realidad de lo que ocurre en las consultas. Prueba de ello es que el año pasado, en toda la comunidad gallega, se denunciaron catorce agresiones. «Os nosos rexistros son limitados; non sabemos os casos que ocorren, pero constatamos que son moitos máis dos que se denuncian, iso só e a punta do iceberg», aseguró, explicando que hay más mujeres que sufren este tipo de ataques, sobre todo jóvenes, porque ellas ya son mayoría entre el colectivo.

Respecto a los detalles del convenio, adelantó Bendaña que permitirá a quienes sean víctimas de agresiones físicas o verbales, así como coacciones, que lo comuniquen al colegio médico, aportando en su caso el parte de lesiones. Desde esta entidad se pondrá en marcha en ese momento el protocolo de actuación, informando a la Fiscalía y facilitando que haya un expediente único, sin duplicidades, en el que la dirección de la víctima sea la colegial, «porque a veces a resposta dos denunciados pode ser outro motivo de preocupación».

Apoyo corporativo

Desde el colegio prometen apoyo corporativo, e incluso actuar de oficio en los casos en los que no se quiera denunciar, para poner fin a la situación de tensión y temor por parte del colectivo, que a tenor de los últimos cambios en el código penal está considerado como funcionario público. Eso sí, siempre que la actividad médica se ejerza en los centros de titularidad pública. De registrarse en los privados, los perjudicados no tendrían esa categoría y las consecuencias penales ya serían otras.

Los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, así como los centros de salud de zonas rurales son los escenarios en los que con mayor frecuencia se registran agresiones a sanitarios, contabilizándose un 85 % de los casos en los centros públicos, según el observatorio nacional. Respecto a los motivos que suelen generar una agresión, se repiten algunos, como la negativa a recetar un medicamento, a dar una baja, o los tiempos de espera para recibir atención. También se ha constatado que tres de cada diez casos de agresiones físicas o verbales son protagonizadas por familiares o acompañantes de los pacientes. «Hay un contexto social que favorece una demanda imposible y quizás las administraciones deberían hacer pedagogía social, para medir el mensaje al ciudadano y tratar de concienciar sobre la utilización de urgencias, no solo hacer política publicitaria», advirtió el presidente del colegio médico, José Luis Jiménez.

 El botón del pánico

Aunque todavía es un proyecto Piloto, Jiménez explicó que en algunos centros médicos de zonas rurales ya se ha puesto en marcha un sistema denominado botón del pánico, que permite a quienes estén sufriendo una situación violenta en la consulta avisar a compañeros cercanos. «La intervención de otras personas puede poner fin a una situación peligrosa», aseguró.

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