Los agentes investigados por el robo de armas en Ourense niegan su participación
OURENSE CIUDAD
El abogado defensor de Roy y Bernardo Deprado señala que las pruebas biológicas exculpan a ambos
29 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Cinco años después, la desaparición de seis armas del búnker de la comisaría de Ourense sigue sin resolución. Este lunes, el Juzgado de Instrucción 1 de la capital citó a los policías Bernardo y Roy Deprado, hermanos gemelos investigados por lo ocurrido y cuya participación en los hechos está aún por determinar. La declaración de ambos agentes llegó después de que el equipo de Policía Judicial de la comisaría ourensana, la UDEV, remitiese un informe al juez Leonardo Álvarez, con la teoría de que la sustracción de las armas se llevó a cabo por medio de una o más personas cuyo objetivo era meter en problemas a otros compañeros de la comisaría.
En este sentido, la defensa de los hermanos, ejercida por el abogado Neil González, estima que el papel de Roy y Bernardo en esta causa sería «inexistente». Se han presentado recursos contra las acusaciones particulares llevadas a cabo por el policía encargado del armero de la instalación y también el exjefe de drogas, expulsado de la acusación días atrás por la Audiencia en relación a la muerte del agente Celso Blanco en abril del 2016.
González contempla la figura de Blanco como la clave para el desarrollo del caso en la desaparición de las armas. «Él no tenía un buen concepto del armero y deseaba su puesto. De hecho, era la única persona de la comisaría a la que le interesaba y podía optar a él», explica. El letrado señala que la presencia de los hermanos gemelos en el escenario de lo ocurrido se reduce a la puerta interior del búnker. «Bernardo tuvo acceso a esta parte de la armería durante tres o cuatro días, pero siempre acompañado», detalla.
El papel de la UDEV
El abogado de los policías investigados determina que el paso para llevar este caso al Juzgado de Instrucción 1 debió darse en el año 2017. «Esto no tenía que haberse ido inicialmente al número 3, pero la UDEV quería unificar el caso con el de la muerte de Celso Blanco en vez de que esto lo condujese el juzgado competente», dice. La UDEV sostiene que los autores del robo de las armas son los mismos que posteriormente enviaron un anónimo a Asuntos Internos informando de lo sucedido. Y ese mensaje ya aludía a la sustracción de seis pistolas, cuando solo había trascendido la ausencia de tres.
Por ello, la UDEV ha puesto el foco sobre Bernardo y Roy. Y de ahí el interrogatorio de este lunes, en el que la defensa de los investigados ha señalado que fue Celso Blanco, antes de presuntamente quitarse la vida, el que admitió ser el culpable del robo de las armas tras remitir varios correos electrónicos de despedida, disculpándose con los compañeros de comisaría por el daño que pudiese haber causado. Junto al cadáver, hallado en un despacho cerrado por dentro, se encontraban tres de las seis armas robadas.
La defensa alude al ADN
Neil González señala que el principal indicio de la inocencia de sus representados lo determinan las pruebas biológicas. «En el búnker había un cajetín con una llave, y esa llave daba acceso a la armería y en ella había ADN de Celso. En principio, todos los indicios del robo apuntan a él», dice González. Además, el abogado defensor advierte de que el fallecido también trabajaba con el agente armero en el búnker por órdenes de los mandos superiores, pese a su recelo del compañero.
La geolocalización de los móviles, otro frente de discusión entre la defensa y la UDEV
El abogado defensor de los hermanos gemelos, Neil González, alude a una «doble vara de medir» de la UDEV en relación al uso de la geolocalización de los móviles como prueba contra sus representados. El juez instructor del caso, Leonardo Álvarez, ha requerido el historial de ubicaciones de los teléfonos de Bernardo y Roy Deprado, algo a lo que, según González, «mis clientes se han mostrado abiertos a colaboración».
La idea del magistrado es que, a partir del rastreo de dónde se encontraban Roy y Bernardo en los días de lo ocurrido se pueda determinar si ellos fueron o no los autores del envío de los correos. «En el momento en el que se remiten dichos anónimos a Asuntos Internos, mis dos representados se encontraban de vacaciones, y eso ha quedado constatado por los cuadrantes», dice González.
El abogado defensor señala que, sin embargo, la UDEV no da veracidad al relato de que la geolocalización del móvil de Bernardo lo sitúa en las cercanías de Monterrei cuando lo sucedido. «Y allí su teléfono da diversas señales con distintas intensidades y coberturas.», detalla González.
Tras la petición del magistrado, el letrado explica que una vez los investigados autoricen a la justicia a acceder a los datos de titularidad del teléfono, se podrá determinar dónde estaban en los días de noviembre y diciembre del 2014 en los que, supuestamente, se perpetró el envío de los correos electrónicos sin remitente que denunciaban la sustracción de las armas en el búnker de la comisaría.