Dos militantes del PSOE niegan haber revelado secretos de otro para cerrarle el paso  en las listas

Fiscalía y perjudicado piden hasta siete años de cárcel y las defensas consideran nulas las escuchas que destaparon el caso


La Voz / Ourense

La confección de las listas de los partidos políticos de cara a unas elecciones genera a menudo conflictos entre los militantes con aspiraciones. En la mayor parte de los casos esas controversias se quedan en el ámbito del enfado o la crítica, pero en el caso de Ourense, han llegado a los tribunales. En concreto, hasta la Audiencia provincial, que este jueves ha celebrado el juicio contra dos militantes del PSOE a los que se acusa de haber espiado y revelado secretos, en concreto datos relativos a un atestado policial que se encontraban en una base de datos de acceso restringido, de un tercero, con la intención de perjudicarlo de cara a su inclusión en las listas que, en septiembre del 2015, comenzaban a perfilarse en la provincia para el Congreso y el Senado de cara a las elecciones generales. 

Los sospechosos de haber llevado a cabo esa conducta son Teresa Taboada, en aquellas fechas secretaria de acción electoral de los socialistas ourensanos, que presuntamente habría solicitado información reservada a Enrique Camoeiras, agente de Policía Nacional ya jubilado que habría accedido ilegalmente a la base de datos para buscar esos detalles. La Fiscalía les imputa a ambos un delito de revelación de secretos por el que solicita tres años y medio de cárcel para el agente, y dos para Taboada. Más alta es la pena que solicita la acusación particular, ejercida por José Arcos, abogado y entonces aspirante a formar parte de las listas, presuntamente perjudicado. Esta parte solicita siete años de cárcel para Camoeiras y seis para Taboada.

No quiso el agente contestar durante el juicio -que congregó en la sala de vistas a importantes cargos socialistas, entre ellos el presidente de la Fegamp- a las preguntas de ninguna de las partes pero sí lo hizo Teresa Taboada, para negar haber pedido al otro acusado que buscase información sobre el atestado policial por un incidente del año 2008. «Yo no le hice ninguna petición, sino un relato de algo que me habían contado sobre un compañero, un rumor sobre una noche de borrachera, y le dije si él podía enterarse de si era cierto», contó la imputada, que aseguró que su intención era la de advertir a Arcos «por si se lo sacaban durante la campaña» y no la de perjudicarlo. «Yo comenté eso, pero luego me centré en la campaña», aseguró, explicando al tribunal que nunca vio el atestado y que además intentó ayudar a Arcos. «Yo peleé para que él fuera en la lista en el sitio que le correspondía», dijo, recalcando que ambos no eran contrincantes ya que ella optaba al Senado y él al Congreso.

Muy distinta fue la versión de Arcos, quien durante la vista se representó a sí mismo. «Varios alcaldes me propusieron que fuera y ese rumor puso nerviosa a esta señora, por eso obtuvo los datos sobre mí» dijo, dejando claro que nunca dio consentimiento para que se vieran el atestado policial que, según dijo, contenía información contraria a la que luego reflejó la sentencia por el incidente, que fue absolutoria. «El perjuicio que todo esto me causó es obvio, me llamaron varias personas para preguntarme por el tema», dijo. «Esta señora y sus secuaces no querían que yo estuviera en las listas», insistió.

De las conversaciones entre Camoeiras y Taboada se supo de forma casual, durante las escuchas telefónicas autorizadas por un juez de Vilagarcía de Arousa en el marco de una operación contra el tráfico de drogas y revelación de secretos que investigaba Asuntos Internos en la que se investigaba al agente ourensano. Así lo explicó un funcionario de Asuntos Internos, que grabaron tres conversaciones entre Taboada y Camoeiras, en las que ella, según relató, le pedía a él que «buscara información sobre alguien que había tenido un problema con la policía, para quitárselo de en medio». Los agentes transcribieron esas conversaciones y comprobaron si el agente había hecho alguna gestión, descubriendo así que había accedido, con su DNI y clave personal, a una base de datos de denuncias, restringida y reservada para el uso policial, buscando por los apellidos del perjudicado y encontrando su atestado. «A nuestro juicio, no había justificación para esa entrada», dijo el testigo.

Un sobre por debajo de la puerta

No quedó claro en la vista si de aquel expediente se sacó copia y si esta circuló o no entre militantes o cargos del PSOE, pero sí se habló en el juicio de un sobre que llegó a manos del responsable provincial del partido, Raúl Fernández, -ya fallecido-, y que este mostró a Pilar Cancela, entonces secretaria gallega de organización, durante una reunión en la que también estaba María Quintas, responsable de la organización a nivel provincial. «Raúl me puso un sobre cerrado en la mesa y me dijo que usted había tenido un conflicto con la policía, pero yo ni lo abrí», contó la propia Cancela a preguntas de Arcos, explicando que Raúl le había comentado «que se lo habían dejado debajo de la puerta». Aseguró que no supo más del sobre o su contenido pero sí comentó los hechos con Alfredo García, quien decidió aclarar las cosas con el protagonista. «Me dijeron que había una información que podría dar problemas en la campaña y preferí llamarlo a él para saber qué había pasado», contó el presidente de la Fegamp durante el juicio. Tras hablar con Arcos y aclarar las cosas, «me pareció que aquello había quedado cerrado y así lo trasladé».

La clave, la legalidad de las escuchas telefónicas

Queda ahora en manos del tribunal dirimir si la conducta de los acusados es o no constitutiva de los delitos que se imputan y, sobre todo, si en el caso se actuó conforme a la ley desde el primer momento. Y es que las defensas aseguran que se deben anular las actuaciones porque las escuchas que iniciaron el caso se realizaron en el marco de una operación en la que se investigaban otros delitos y, por lo tanto, no estaban autorizadas judicialmente para este procedimiento. Al margen de esto las defensas solicitan la libre absolución.

Las dos acusaciones, por su parte, no ven nulidad alguna en el procedimiento y solicitaron condena. «Me parece repugnante lo que hicieron estas dos personas, que han integrado la candidatura de la condena», dijo José Arcos en su informe final.

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