«Non nos atopamos perante graves irregularidades», concluye el dictamen de la entidad
07 ago 2019 . Actualizado a las 10:43 h.La decisión del Concello de Ourense de no anular las licencias de la plaza de San Antonio estuvo bien tomada. Esa es la conclusión a la que llega el Consello Consultivo de Galicia tras analizar el caso a petición del Concello, que lo solicitó en el anterior mandato, cuando el PP gobernaba en solitario.
El origen de todo este asunto mucho antes incluso. En el año 2007 la entonces concejala de Urbanismo socialista, Áurea Soto, concedió licencias para legalizar las construcciones situadas en la plaza. Se inició a partir de entonces un largo proceso judicial y administrativo que terminó, entre otras cosas, con una sentencia que ordenaba al Concello de Ourense la revisión de esas licencias. En este contexto, el pasado mes de mayo la Junta de Gobierno Local acordó mantener la validez de los permisos otorgados en el año 2007.
Además, el ejecutivo aprobó elevar el caso al Consello Consultivo de Galicia. Esta entidad ya se ha pronunciado y el informe que se ha elaborado al respecto da la razón al Ayuntamiento. El texto argumenta que «en relación á mesma realidade física, existiron diferentes interpretacións e valoracións». Recuerda, además, que en el momento de la legalización el PXOM no había sido anulado todavía y la ley permitía la utilización del subsuelo de los espacios públicos para aparcamientos privados. «Así as cousas, non nos atopamos perante graves irregularidades», dice el Consultivo, que añade que la revisión de oficio debe tener un carácter muy excepcional.
Aunque el concejal de Urbanismo que impulsó esa consulta, Jesús Cudeiro, ya no lo es, la persona que ha asumido esa cartera, Sonia Ogando, también forma parte del Partido Popular. Cabe recordar, no obstante, que el PP gobierna ahora en coalición con Democracia Ourensana y esta formación siempre se opuso a la legalización de las licencias de la plaza de San Antonio. El pasado mes de abril, el ahora alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, impulsó un pleno extraordinario en el que pidió la anulación de esos permisos y acusó al ejecutivo de «robar a los ourensanos».