Declaran prescrita la causa del 10 % contra Elena Rivo, Mario Guede y Vicente Alonso
OURENSE CIUDAD
La jueza ve probado que transcurrieron más de diez años, por lo que ve extinguida la responsabilidad penal de los ediles
09 jul 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense por un presunto delito de malversación contra el exalcalde de la capital, Manuel Cabezas, y el ex edil de urbanismo, Ricardo Campo Labrador, sigue dando pasos. Esta misma semana se ha conocido que tres de los ediles que fueron citados como investigados en este caso por haber participado en una comisión municipal en la que se acordó que no se exigiría a los constructores la cesión del 10 % de sus proyectos para aprovechamientos públicos, se quedan finalmente fuera.
Se trata de Elena Rivo, Vicente David Alonso y Mario Guede. «Dado que desde el 25 de noviembre de 2003 hasta el 18 de septiembre del 2014 transcurren más de diez años, se produce la extinción de la responsabilidad criminal por prescripción», recoge el auto de la jueza Eva Armesto, fechado el 5 de julio. Explica la togada que «por las diligencias practicadas resulta constatada la participación de los investigados referidos únicamente en esta comisión», por lo que les aplica a los tres -de los que hoy en día solo continúa en política Mario Guede, como edil de Deportes del Concello de Ourense- la prescripción sin celebración de juicio oral.
Otros ediles implicados
Esta resolución llega apenas una semana después de que la Fiscalía emitiera un informe en relación a la personación de Aurea Soto, ex edila del PSOE de Ourense y denunciante, como acusación popular, rechazando que se le incrementase la fianza hasta los 82.500 euros, como solicitaban las defensas de defensas de Manuel Cabezas y de Enrique Nóvoa Lopéz, poly. En ese escrito la representante del ministerio público se pronunciaba también sobre la imputación de este último, considerando que en su caso los cargos estaban prescritos.
Sobre esto no se ha pronunciado, en todo caso, la jueza que lleva la instrucción. Otros ediles citados como investigados en esta causa, que acudieron a declarar el pasado mes de mayo, también han alegado prescripción. En su día el Consello de Contas cifró en 1,6 millones de euros el perjuicio que causó a las arcas municipales la exención hacia los constructores.