La defensa ve prescritos los cargos que se imputan al exdelegado de la Xunta

Arranca en la Audiencia el juicio por presunto fraude en ayudas públicas otorgadas en 1999


ourense / la voz

Trece años después de que se interpusiera la primera denuncia y pasados veinte desde que se recibieran las polémicas subvenciones, el juicio contra Rogelio Martínez, exdelegado de la Xunta en Ourense, y otros diez acusados, arrancó este lunes en la Audiencia provincial de Ourense. Y lo hizo con una sesión de poco más de dos horas en la que los abogados de las dos partes que se enfrentan en esta causa -en la que se juzgan delitos de falsedad, malversación, prevaricación y fraude de subvenciones- planteasen cuestiones previas sobre las los integrantes del tribunal tendrán que pronunciarse antes del miércoles, fecha señalada para reanudar la vista.

El primero en tomar la palabra fue el letrado que representa a la acusación popular, la asociación para o progreso do Ribeiro, vinculada a los socialistas de la comarca. Esta parte, la única que ve delito en la gestión de las subvenciones efectuada por el grupo de acción local Ceivam, lamentó nada más arrancar su intervención los retrasos a su juicio injustificados que se han producido en este caso, asegurando que «el trato que se les ha dado a las defensas ha sido distinto del que se le ha dado a las acusaciones». «Que estemos aquí veinte años después denota la grave carencia del proceso penal, que le ha fallado a la sociedad estrepitosamente», dijo José Arcos, que atribuyó tanto a la fiscalía como al juzgado de instrucción de Ribadavia, en el que se interpuso la primera denuncia en el año 2006, la responsabilidad de haber dilatado el procedimiento. También atribuyó a las defensas el haber alargado tanto el proceso por los recursos presentados y afirmó que «no pueden pedir ahora dilaciones indebidas porque han sido buscadas».

Esta parte entiende también que no concurre la prescripción de los delitos por los que acusa, pero los letrados de los once imputados no comparten esta posición y así lo explicaron, uno por uno, a la sala. El primero en exponer sus argumentos fue el que representa a Rogelio Martínez, el imputado sobre el que se han puesto todos los focos desde que se inició el proceso por su condición de cargo público, aunque desde el año 2015 ya no está en política. Jorge Temes considera que existe una «clara falta de legitimación de la acusación popular» y aludió también a la prescripción de los delitos que se atribuyen a su cliente, considerando que el tiempo se debe de contar desde el 22 de diciembre de 1999, cuando se concedieron las ayudas públicas. También se refirió el letrado a una sentencia previa de la Audiencia Nacional sobre el caso, en la que se dictaminó que se devolviera el dinero a las administraciones, considerando por ello que «este otro procedimiento no debería ahora seguir».

Los defectos en la calificación de los delitos que se presenta en el escrito de acusación fueron otro de los argumentos de los abogados. «Las defensas no sabemos de qué tenemos que defendernos», aseguró Luis Romero, que consideró que se ha vulnerado el derecho de defensa en lo relativo al fraude de subvenciones.

En general, los diez abogados centraron sus cuestiones previas en estas aseveraciones, pidiendo en algunos casos que las acusaciones contra sus clientes sean retiradas antes de que comience la fase testifical. No se descarta, por tanto, que el miércoles pueda haber alguna sorpresa.

Los hechos

El origen del caso se sitúa a finales de 1999, cuando el administrador de una entidad de actividades culturales solicitó al grupo de acción Ceivam una subvención para construir una planta de biomasa en Arnoia. El importe de la obra serían 78.000 euros, con una ayuda a cargo de las administraciones de 39.000. Según la acusación esa planta nunca llegó a construirse, y en su lugar se hizo «una reconstrucción de un galpón situado en los montes». En el banquillo de acusados se sientan también varios artesanos que, según la acusación popular, pidieron ayudas a Ceivam para construir talleres de forja, pan o madera, entre otros. Las penas que se piden superan los quince años de prisión para algunos imputados. En el caso del exdelegado de la Xunta del PP, el único al que se atribuye prevaricación, incluye además 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

«Pecouse ao chamar planta de biomasa a unha nave de ferramentas» dice el exalcalde de Arnoia

Antes de entrar en la sala de vistas, a la que tendrá que volver el miércoles, el exdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, habló sobre el caso por el que se le juzga, y que influyó en que cesara en su cargo en el 2015. «Despois de vinte anos por fin hoxe chegou o día no que a xustiza tome unha determinación por uns feitos que en ningún momento consideramos que eran delitivos; non solo nos, senón tamén a fiscalía ao longo de sete informes», dijo el que en el momento de los hechos era alcalde de Arnoia y, como tal, presidía la entidad Ceivam.

«Canto máis avanzou a instrución, máis indicios había de que non había delito, pero o caso avanzou e espero que agora fale a xustiza e que isto remate» aseguró Martínez. Respecto a los hechos motivo de enjuiciamiento, quiso aportar algunos detalles. «A historia foi que se fixo una planta de biomasa, que a construíu unha empresa mixta na que tiña participación o concello, pero a participación do alcalde foi cero, como presidente de asociación que tiña que conceder as axudas do plan Leader, que antes de concedelas se revisaban por parte de Agader e tiñan o visto bo».

Certificaciones

Se refirió el expolítico a la posible existencia de «problema de certificación» y aseguró que «o que si hai son múltiples informes periciais e unha visita do xuíz instrutor, vendo de que as obras estaban realizadas». Reconoció con todo que «ao mellor pecouse ao chamarlle planta de biomasa a unha nave onde gardar unhas ferramentas» y advirtió que «detrás de todo isto hai intereses políticos de algúns grupos que durante corenta anos no foron capaces de gañar no concello da Arnoia é queríano gañar nos xulgados».

Además de Rogelio Martínez se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia provincial Pablo F. L., Juan Emilio A. E., Gumersindo Á. M., Miguel R. P., Gumersindo Á. R., Alfredo G. V., Severino V. N., Ramón S. D., Adrián S. P. y María del Carmen G. N.

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