Un inmobiliario, condenado por alquilar un piso sin autorización

La Audiencia confirma una condena de ocho meses de cárcel contra el profesional, por un delito de estafa


Ourense

La conducta que mantuvo un agente inmobiliario le está acarreando graves consecuencias penales. La Audiencia provincial de Ourense ratificaba recientemente el fallo del Juzgado de lo Penal en el que se condenaba al acusado a ocho meses de cárcel como autor de un delito de estafa, por haber arrendado el piso de una particular sin contar con su autorización y estampando una firma falsa en el contrato.

Los hechos que dieron lugar a este procedimiento judicial tuvieron lugar en mayo del año 2016, cuando una ourensana dueña de un piso contactó con el profesional del sector inmobiliario y le encargó que le buscase inquilinos a los que arrendar la vivienda, situada en la capital. Semanas después, en agosto, el acusado encontró a una persona interesada en alquilar la vivienda, pero «de manera deliberada», le ocultó a la propietaria la celebración del contrato, firmando «él mismo u otra persona por encargo de él» estampó una rúbrica en el espacio reservado a la arrendadora. Como consecuencia de ese contrato el arrendatario abonó al agente inmobiliario la cantidad de 1.050 euros, de los que 700 correspondían a la fianza y los 350 restantes a la mensualidad del mes de agosto. De ese dinero el profesional incorporó 700 euros a su patrimonio. En el primera fallo se le imponía una pena de ocho meses de prisión, además de la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago a la dueña del piso de 700 euros, en concepto de responsabilidad civil.

Contra ese primer fallo presentó el acusado recurso ante la Audiencia provincial. Pretendía un pronunciamiento absolutorio «en base a la errónea valoración probatoria en que ha incurrido el juzgados». Sin embargo, los magistrados consideran que «error notorio no se aprecia en el presente supuesto» ya que dan por probado que la propietaria de la vivienda no tuvo conocimiento alguno de que se firmaba un contrato para alquilar su piso, constatando además que la cantidad que se dejó de pagar a la particular era de 700 euros. «No cabe la degradación a un delito leve de estafa», aseguran por togados en su sentencia.

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