La investigación de la muerte de un policía podría alargarse hasta 2021

El vehículo de los agentes investigados será objeto de un nuevo registro, el quinto


ourense / la voz

Celso Blanco Álvarez, agente del Cuerpo Nacional de Policía con destino en Ourense, de 48 años, murió el 9 de abril del 2016. Su cuerpo fue encontrado en su despacho de la quinta planta de la comisaría provincial con un disparo en la cabeza y con tres de las seis armas cuya desaparición había sido denunciada meses antes y se estaba investigando. Antes de su muerte, el agente se autoinculpó en correos electrónicos enviados a varias personas del robo de las armas y del envío de los anónimos remitidos a medios de comunicación y a asuntos internos. En aquellos escritos se aludía a supuestas tramas de corrupción en la comisaría, una para ocultar el robo de pistolas y otra para implicar a policías del grupo de estupefacientes en presuntos tratos ilegales con traficantes de la ciudad de Ourense.

Fruto de aquellos anónimos se desencadenó la conocida como operación Zamburiña, que propició que tres agentes de la comisaría, pertenecientes al grupo de estupefacientes, fueran acusados de proteger a narcotraficantes a cambio de información. También sigue abierto el caso de las armas, pero lo que no se sabe a día de hoy, tres años después de los hechos, es si la muerte de Celso Blanco fue un suicidio, un homicidio o un asesinato.

Y es posible que la incertidumbre se mantenga durante mucho tiempo porque la Audiencia provincial de Ourense acaba de dictaminar que siga adelante la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 3. Considera el tribunal que no es el momento procesal ya que quedan pendientes de hacer diligencias de investigación y deniega la demanda efectuada por la defensa de Bernardo y Roy D. L., dos hermanos gemelos que fueron detenidos dos años después de la muerte de Celso -los tres eran compañeros y amigos- y que se encuentran en libertad bajo fianza investigados por homicidio. Acuden cada semana a firmar al juzgado y han tenido que depositar, cada uno, una fianza de 60.000 euros para eludir la prisión provisional por un asunto cuya instrucción podría alargarse aún mucho más en el tiempo. Y es que la magistrada que lleva el caso, Eva Armesto, la ha prorrogado durante 36 meses, una decisión que también ha sido recurrida por la defensa de los gemelos ya que permitiría ampliar el plazo para la instrucción hasta mediados del año 2021. Parte de la causa aún está bajo secreto de sumario. Tendrá la Audiencia provincial que resolver también sobre esto, en un paso más de un asunto que podría propiciar nuevas diligencias en unas semanas.

Seguirán sin su coche

Así, está previsto que sobre el vehículo de los acusados, un Volvo XC90 que permanece custodiado en la comisaría provincial desde el arresto, se practique a corto o medio plazo un nuevo registro. Sería el quinto que se hace sobre el automóvil y la necesidad de su realización ha sido uno de los argumentos esgrimidos por la Audiencia para rechazar la petición de devolverles el vehículo a los investigados, como había solicitado la defensa. En este caso el tribunal considera que «no se ha señalado el perjuicio» que se le esté pudiendo causar por el hecho de que el vehículo siga bajo custodia. No se conocen por ahora los resultados de las muestras recogidas por los especialistas de criminalística de la Guardia Civil en la diligencia practicada a finales del pasado mes de febrero, pero todo indica que la nueva inspección está encaminada a buscar vestigios humanos que, en su caso, pudieran relacionar a los gemelos con la muerte del agente, hallado sin vida dentro de su despacho, cerrado con llave por dentro. Esta circunstancia llevó en los primeros días a plantear la muerte de Celso Álvarez como un suicidio, tesis que sostuvo un informe de la Comisaría General de la Policía Judicial Madrid. La familia del agente no lo cree y la instructora busca pruebas por si hubiera sido un crimen.

Un asunto que acumula ya 6.500 folios y sigue suscitando nuevas diligencias

La causa judicial por la muerte de Celso Álvarez, que se sigue en el Juzgado de Instrucción 3 de Ourense, acumula ya 6.500 folios que se reparten en diecinueve tomos. Y al ritmo actual todo apunta a que seguirá incrementándose el volumen de papel del sumario. Además del nuevo examen del vehículo solicitado por la instructora, la defensa ha solicitado también que se complemente el informe sobre la pólvora que se encontró bajo el cuerpo del agente fallecido, una diligencia encaminada a dictaminar que no se trataba de la misma, por su forma y composición, que apareció en un papel en esa misma oficina y que para la jueza relaciona a los gemelos con la muerte.

Además, la defensa quiere que se identifique a las personas que el día de la muerte de Celso entraron en las dependencias de la comisaría de policía. «No coinciden, entran más denunciantes de los que salen», asegura Neil González, abogado de los investigados, que ha solicitado un registro de los ciudadanos que aquella tarde estuvieron allí. Entraron en las dependencias 24 personas, una cifra que a esta parte le parecen demasiadas siendo un sábado, por lo que quieren conocer detalles sobre su identidad. «Si no están todos identificados, puede haber un problema», asegura el letrado

Es evidente, por tanto, que el caso ha adquirido una enorme complejidad que aumenta con los pasos dados para personarse como acusación particular tanto del SUP como de algunos implicados en la Zamburiña. «No tiene sentido que se persone gente están acusadas en otros procedimientos», opina el abogado.

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