El retraso por el que expedientan al fiscal jefe de Ourense es por un caso contra el exalcalde Cabezas
OURENSE CIUDAD
La denuncia la había interpuesto hace cuatro años la entonces edila de Urbanismo en la capital, Áurea Soto
25 abr 2019 . Actualizado a las 16:32 h.El «retraso injustificado» y la «actuación retardataria» que la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado le atribuye supuestamente al fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, corresponde a las diligencias previas 3764/14 del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, un caso de origen urbanístico abierto hace cinco años contra Manuel Cabezas, exalcalde del PP, tras las denuncias presentadas por Áurea Soto, que en aquel momento era concejala de Urbanismo del PSOE. Denunciaba que el Concello de Ourense había dejado de ingresar, entre 1999 y el 2003, un millón y medio de euros por no exigir el 10 % del aprovechamiento correspondiente a varias iniciativas urbanísticas privadas. Ni Cabezas ni Soto están ya en la primera línea política, pero aquellas diligencias siguieron su curso y el pasado diciembre la Audiencia de Ourense abrió las puertas para juzgar a Cabezas, al rechazar el recurso del exalcalde y el del propio fiscal jefe, que consideraba que no había delito.
Las consecuencias del conocido como caso del 10 % no se quedaron ahí. El año pasado, los abogados de Áurea Soto presentaron una denuncia por la supuesta actuación irregular del fiscal jefe de Ourense, lo que dio origen a la apertura, el pasado mes de enero, de unas diligencias informativas por parte de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, que elaboró un informe en el que aprecia «motivos indiciarios de comisión de responsabilidad disciplinaria» para abrir un expediente al fiscal jefe de Ourense y al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes. A este último, «por no ejercer las facultades de dirección e inspección» del cargo de jefatura que ostenta».
Además de la falta grave por el retraso injustificado en el caso del 10 %, al fiscal jefe de Ourense se le atribuye otra falta grave por desconsideración hacia los abogados, y cuatro muy graves: por abuso de su condición de fiscal para obtener de un profesional «un trato favorable e injustificado» en un expediente de la Fiscalía de Ourense; por no abstenerse en el caso contra Manuel Cabezas a sabiendas de que debía apartarse «por enemistad manifiesta con la parte acusadora popular», ejercida por Áurea Soto; por no abstenerse en un expediente gubernativo abierto en su Fiscalía y en el que tenía «interés personal» y por «ignorancia inexcusable en el cumplimiento de deberes» en otro expediente a su cargo.
La fiscala general del Estado, María José Segarra, ha nombrado ya un fiscal instructor para esclarecer los hechos. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé para las faltas graves multas de entre 300 y 3.000 euros, y para las muy graves la suspensión, el traslado forzoso e incluso la separación de la carrera fiscal.