Nuevas ordenanzas. PXOM o presupuestos, deberes pendientes del gobierno local
24 feb 2019 . Actualizado a las 09:58 h.El Consello de Contas ha reprochado en varias ocasiones la lentitud del Ayuntamiento de Ourense en la tramitación de los expedientes de contratación. El organismo fiscalizador hará este año una auditoría específica para aclarar las causas de una situación que tiene como consecuencia que una decena de servicios funcionen en la actualidad en precario o directamente no funcionen.
Entre ellos hay algunos trascendentales y que suponen un cuantioso desembolso de fondos para el Concello. El gobierno local que lidera Jesús Vázquez heredó el contrato caducado del transporte urbano, que supone un coste de unos seis millones de euros anuales, pero no ha sido capaz de sacar adelante una nueva licitación del servicio en lo que va de mandato. También llevan años sin sacarse a concurso la gestión del control semafórico y de la zona azul (la ORA, que incluye la grúa). Respecto a este último servicio, una reciente sentencia concluyó que está obsoleto y que tiene un funcionamiento «prehistórico».
Más recientemente se incorporó a los servicios en precario el de abastecimiento y saneamiento de agua, que también es uno de los que más coste tienen para el Concello (unos cuatro millones de euros anuales). Otros contratos caducados son los de la ayuda en el hogar, comedor sobre ruedas y varias cafeterías (la del Jardín Japonés, la de Pozas do Maimón o la del parque Miño, todas ellas cerradas y sin funcionamiento). También expiró el contrato de la casa de acogida para víctimas de violencia de género y, precisamente, esta semana Ourense en Común denunció que el Ayuntamiento había descargado la responsabilidad de su gestión en la Xunta.
La aplicación de la nueva ley de contratación pública y la falta de personal o de capacidad de gestión pueden ser algunos de los motivos que explican esta situación. En todo caso, la parálisis no afecta únicamente a la existencia de contratos en precario o desiertos. El gobierno local no ha logrado en estos casi cuatro años de mandato sacar adelante dos ordenanzas fundamentales para la convivencia social. Una debía actualizar la normativa en torno a las terrazas de los locales de hostelería y otra es la que pretende prohibir el botellón. El ejecutivo de Jesús Vázquez presentó recientemente un borrador de esta última ordenanza, pero ni en un caso ni el otro ha sido capaz de llegar a los acuerdos necesarios con el resto de grupos políticos y ni siquiera ha llevado estos asuntos a aprobación plenaria.
De hecho, por el salón de plenos del Concello de Ourense han pasado a lo largo del mandato pocos asuntos de calado. Es sobradamente conocido el hecho de que el Ayuntamiento ourensano es el único de las grandes ciudades que funciona con unos presupuestos prorrogados desde el año 2014. El único intento que el gobierno municipal del PP hizo de llevar a pleno los presupuestos llegó tarde y el ejecutivo popular ni siquiera pudo aprobarlos a través de una moción de confianza, como sí ha ocurrido en otros lugares.
La incapacidad para tejer alianzas estables o puntuales ha provocado que tampoco el PXOM haya sido aprobado todavía, algo de lo que el alcalde culpa exclusivamente al PSOE. Además, en el ámbito laboral el ejecutivo no ha logrado aprobar una oferta pública de empleo que palíe la falta de personal en algunos servicios (especialmente conocidas son las carencias en la Policía Local o los bomberos). Por otra parte, sí parece que el gobierno podrá aprobar su primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) antes de mayo porque esta misma semana logró el apoyo al documento de la mayor parte de sindicatos, aunque algunos mostraron una fuerte oposición.