La Xunta dejó de pagar en el 2016 el alquiler del piso del fiscal jefe de Ourense

«Todos tenemos que cumplir lo que diga el juez, y yo el primero», asegura Florentino Delgado. El juicio será en unas semanas

Florentino Delgado, en una foto de archivo
Florentino Delgado, en una foto de archivo

La Voz / Ourense

Una jueza de Ourense tendrá que decidir este mes sobre si la Xunta de Galicia debe o no seguir pagando el alquiler mensual del piso en el que reside el fiscal jefe. Tras muchos meses de impago por parte de la administración autonómica, el propietario de la vivienda, situada en el centro de la capital de As Burgas, ha demandado al gobierno gallego en un intento de que la Justicia resuelva de una vez por todas sobre un asunto que lleva ya más de dos años coleando.

Fue en 2016 cuando desde el ejecutivo gallego se decidió unilateralmente dejar de afrontar el abono de los gastos de alquiler, arrendamiento más luz, agua y calefacción, de la residencia habitual de Florentino Delgado. El fiscal jefe, natural de Burgos, había llegado a la capital ourensana en el año 2004 desde Ciudad Real y entre las condiciones laborales de su acceso a la jefatura de la fiscalía provincial se encontraba el compromiso de la Xunta de pagar sus gastos de vivienda durante el tiempo que durase en el puesto, algo que en aquellos años era frecuente. Así lo reconocían ayer mismo fuentes del gobierno gallego, que explicaron que «no 2016 a Xunta resolveu o contrato de alugueiro da vivenda do fiscal xefe de Ourense, que estaba suscrito dende o ano 2004». Estas fuentes señalaron además que el trámite se realizó «previa notificación al particular». Delgado Ayuso no abandonó la vivienda entonces, optando por dejar en manos de la justicia la decisión última sobre si el gobierno gallego podía dejar de cumplir el compromiso adquirido con él.

«Existe un pleito, no conmigo sino entre la Xunta de Galicia y la propiedad, y habrá que estar a lo que resuelvan los jueces. Todos tenemos que cumplir lo que diga el juez, y yo el primero», advertía también ayer el propio Delgado, que entiende que este tipo de condiciones sean algo a extinguir en la actualidad, aunque también considera que, en su caso particular, puede existir un «derecho adquirido» sobre el que la administración judicial debe pronunciarse.

Y así será porque está previsto que la vista por este asunto tenga lugar a mediados de este mes de febrero en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de la capital ourensana, al que llegó la demanda presentada hace ya algunos meses por el dueño de la vivienda, un empresario ourensano ya jubilado. Es él quien, en última instancia, se está viendo perjudicado económicamente por un asunto por el que ya se le adeudan varios miles de euros. Según algunas fuentes, el coste de la vivienda se situaría en unos novecientos euros mensuales.

Único caso en Galicia

Actualmente el fiscal jefe de Ourense es el único cargo judicial de la Xunta que se encuentra en esta situación. Y es así porque todos los demás se han renovado con posterioridad a la llegada de Delgado Ayuso a Ourense y bajo condiciones laborales diferentes. «A Xunta xa non é titular do contrato de alugueiro de Florentino Delgado, nin tampoco de ningún cargo xudicial», aclaran desde el ejecutivo. Sigue habiendo sin embargo cargos públicos, no solo del ámbito judicial sino también de las fuerzas de seguridad del Estado o de diversas administraciones, que tienen asignada vivienda en edificios oficiales.

Secretaria xeral investigada

En este caso concreto se da la circunstancia de que Socorro Martín, la secretaria general técnica de Facenda que en el año 2016 firmó el requerimiento para que Florentino Delgado dejase el piso y entregase las llaves, figura como investigada en la querella por presunto acoso inmobiliario que se abrió a instancias de la Fiscalía de Ourense hace algunos meses, junto a otro cargo de la Xunta. Nada tienen que ver ambos asuntos, apuntan fuentes de la fiscalía ourensana, que señalan al criterio temporal para desvincular los dos temas.

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