El exregidor de Barbadás entró en el historial médico de una trabajadora
OURENSE CIUDAD
La Fiscalía afirma que lo hizo «sin consentimiento y sin causa justificada»
22 ene 2019 . Actualizado a las 08:06 h.El exalcalde popular de Barbadás, José Manuel Freire Couto, se ha librado de sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos. La denunciante, que mantenía una relación laboral con el acusado, aceptó las disculpas de Freire y será indemnizada con cerca de 9.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos que se le imputaban al encausado se remontan a los años 2014 y 2015, cuando el político entró -aprovechando su puesto como médico- en el expediente sanitario de la mujer hasta en tres ocasiones. El procesado -para el que la denunciante trabajaba tanto en el Concello como en un psicotécnico de la calle Progreso- confesó haber entrado al informe médico de la víctima sin su consentimiento. Dichos accesos quedaron registrados por el programa electrónico IANUS -lo que se conoce coloquialmente como historia clínica electrónica- que emplean los facultativos del Sergas.
Para entrar en el sistema los profesionales sanitarios deben introducir un usuario y una contraseña que se les asigna previamente que semeja una forma virtual con la que se reconoce a cada médico al instante. Además, el sistema de seguridad obliga a teclear una clave de cuatro cifras, previamente establecida por cada facultativo, para evitar que cualquiera pueda usar sus datos a la hora de consultar o realizar cambios en un historial médico.
Las fechas fueron tres y quedaron registradas con data y hora concreta. La primera consulta realizó el 12 de febrero del 2014 a las 12.31 horas. La segunda, el 28 de octubre del mismo año a las 10.11 horas. Y la última, más de medio año después, el 16 de junio del 2015 a las 09.45 horas.
El escrito de acusación de la Fiscalía destacaba que José Manuel Freire hizo «uso de los datos obtenidos en la relación laboral que aquella tenía con el acusado, en el Ayuntamiento de Barbadás, donde este era alcalde» y que la actuación la llevó a cabo «sin consentimiento de la misma y sin causa justificada para ello». Por esta intromisión en su privacidad, la acusación pública pedía para el otrora alcalde una pena de prisión de cuatro años, la multa de 9.000 euros y la inhabilitación absoluta durante un período no inferior a seis años. La acusación particular reclamaba la indemnización económica y tres años de prisión.
Sin embargo, al no celebrarse el juicio oral por el perdón concedido por la víctima, la acción penal queda completamente extinguida y el ministerio fiscal ya no puede actuar de oficio -del mismo modo que sucede con los delitos de injurias y calumnias-.
El juicio contra el exregidor del Partido Popular -que llegó a compaginar su cargo con el de diputado provincial y el de presidente del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde)- estaba previsto para las 11.30 horas de ayer en el juzgado de lo Penal 1 de Ourense, pero no llegó a celebrarse al retirar su denuncia la acusación particular.