Aumentan los usuarios jóvenes de la oficina municipal del consumidor

La mayoría de las reclamaciones están relacionadas con la telefonía móvil


ourense / la voz

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) lleva funcionando desde 1990 en Ourense, aunque en los últimos dos años lo hace en la calle Bernardo González Cachamuíña, en el entorno del campus universitario. Y es precisamente al cambio de ubicación al que los técnicos que trabajan en ella achacan el aumento de consultas por parte de jóvenes.

«Vienen sobre todo a preguntar por temas de telefonía móvil, facturas y arreglos o incumplimientos de garantías. Y las personas mayores ahora llaman más por teléfono para resolver sus dudas porque hasta aquí solo llegan dos líneas de autobuses», explica Rosa María Rodríguez, psicóloga y técnica de la OMIC.

También envían documentación a través del correo electrónico tras comentar el caso con cada persona para facilitar el papeleo a los consumidores con reclamaciones. Esto supuso, según señalan los técnicos, una menor rotación de usuarios pero manteniendo la carga de trabajo. «Y lo bueno es que hay dos registros para presentarlas, uno en la plaza Mayor y otro en A Ponte, así que algunas personas no necesitan venir hasta aquí», puntualiza Ángel Folgoso, jefe de negociado y técnico de la OMIC.

«Hace dos años hubo 2.039 consultas financieras ya solo por el tema de las hipotecas. Y en el 2015 también ocurrió lo de las preferentes y se vivieron momentos de colapso en las oficinas. No es lo habitual, pero el trabajo fluctúa dependiendo de la actualidad y los mercados, como es lógico», expone Sofía Godoy, concejala de Asuntos Sociais de Ourense. «En el 2018 se tramitaron un total de 324 consultas hasta finales del mes de noviembre, lo que suele ser normal», mantiene la concejala.

Consultas sobre herencias

Cada vez aumenta más el número de consultas sobre herencias: tanto en los casos de renuncias como en los de las realizadas en vida por el abaratamiento de los costes. «Nosotros no tenemos competencia ninguna al respecto, pero intentamos orientar e informar a la gente de dónde puede resolver sus dudas», cuenta Ángel Folgoso. «Otra cosa que está empezando a resurgir son las hipotecas inversas entre las personas de edad más avanzada. Se ve más en grandes ciudades, pero la tendencia es esa. Sobre todo entre particulares, más que con entidades bancarias», puntualiza.

Formación de consumidores

Otra de las labores que desempeña la OMIC es la de la formación. «Parece que ahora la gente empieza a estar más concienciada para reclamar. Sabe que tiene unos derechos tras adquirir un producto y empieza a estar más informada al respecto. Pero sí que es cierto que aún queda trabajo por hacer y por eso intentamos educar a determinados colectivos que pueden ser vulnerables», argumenta Marta Rodríguez, pedagoga y técnica de la oficina. En esta línea, añade que bastantes personas de edad avanzada desconocen todavía que Sanidad cuenta con un área de reclamaciones. Es por esto que trabajan con distintas administraciones realizando cursos de formación.

«Para mí lo fundamental de esta oficina no es tramitar papeles, es cambiarle la conciencia al consumidor y convertirlo en instrumento de cambio social. Por eso en los talleres buscamos que la gente pierda el miedo a reclamar. Incluso con aquellos que no saben leer ni escribir», añade Rosa María Rodríguez.

Las consultas sobre la nueva ley de arrendamientos suponen gran parte del trabajo

Otras de las consultas que más se han realizado tienen que ver con la ley de arrendamientos urbanos, que acaba de modificarse. «Antes los contratos como máximo tenían una duración de tres años. Ahora, si se alquila a un particular, pueden ser cinco y si lo hace una persona jurídica pueden ser de hasta siete años», abrevia Rosa María Rodríguez. A partir de ese período de tiempo, anteriormente, se podía renovar el contrato anualmente y ahora la tácita reconducción puede ser de tres años más.

También cambió el número de meses de aval que se pueden reclamar al arrendatario. «Ahora mismo está limitado a dos meses de aval y una mensualidad de alquiler, como máximo, con la legislación vigente desde finales de diciembre», añade Ángel Folgoso. «Sin embargo, en el tema de los desahucios poco ha cambiado, pese a que se vendió a bombo y platillo. Se pueden paralizar durante un mes en caso de que la deuda sea con una persona física o durante dos si se trata de una persona jurídica. Siempre y cuando se esté ante un caso de elevada vulnerabilidad», aclara el jefe de negociado.

En cuanto a los pisos turísticos de alquiler, también ha habido novedades que despiertan la curiosidad de los ourensanos. «Ahora la comunidad tiene la potestad de prohibir, si suman tres quintas partes, a uno de los vecinos que saque este tipo de rendimiento de sus propiedades si supone ruidos o molestias para los demás», afirma Rosa María Rodríguez. Sin embargo, se pueden alcanzar términos que beneficien a ambas partes mediante una negociación.

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