Un año más en las trincheras

R. n. p.

OURENSE CIUDAD

Agostiño Iglesias

La falta de consenso político lastra el mandato en el Concello de Ourense. Continúan pendientes los presupuestos y la aprobación del PXOM

01 ene 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

El mandato en el Concello de Ourense encara su recta final. En apenas unos día entraremos en año electoral y ya casi toda la actualidad girará en torno a la contienda que se prevé más reñida que nunca por hacerse con el bastón de mando de la ciudad. A la espera de que llegue ese momento es una buena ocasión para hacer balance del 2018. Principalmente, el ejercicio estuvo marcado por las dificultades del gobierno municipal del PP en minoría -cuenta con 10 de los 27 concejales de la corporación- para sacar adelante asuntos estratégicos para la ciudad.

Uno de los que más alarma suscita entre los sectores empresariales de la ciudad es la ausencia de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La ciudad está ahora bajo el control urbanístico de una norma dictada en el año 1986. El nuevo documento está a la espera de que se lleve a aprobación provisional en el pleno. Este trámite, precisamente, ha generado un intenso debate entre el gobierno y la oposición. A raíz de una serie de informes técnicos, el PP elevó consulta al Consello Consultivo de Galicia para que dictaminase si podía aprobarse sin pasar por el pleno, mediante un decreto del concejal de Urbanismo. El organismo independiente considera que sí puede hacerse, toda vez que entiende que se trata de un simple trámite administrativo y que después todavía tiene que pasar por el pleno para su aprobación definitiva.

Es por ello que los populares han remitido el expediente al interventor para que se fiscalice. La oposición, sin embargo, entiende que se trata de una maniobra del PP para saltarse el pleno y que le «usurpa» sus competencias.

En lo que se refiere a los presupuestos, ni tan siquiera llegaron a llevarse a pleno su aprobación. La oposición bloqueó el debate del documento por la vía de urgencia, vinculado su aprobación a una cuestión de confianza al límite del plazo estipulado por la normativa -un año antes de que concluya el mandato-. Más allá de los consensos, el gobierno local ha buscado financiación en otras administraciones y se han abierto instalaciones como el albergue de peregrinos o el centro intergeneracional. En materia de contratación, servicios como el agua o el bus están en precario.

La corporación local apenas logró sacar adelante cuestiones por consenso.