Áurea Soto lamenta que en Ourense se «extorsione» a ediles de Urbanismo
OURENSE CIUDAD
La Fiscalía descarta la prevaricación al entender que la ilegalidad no fue «grosera»
22 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El juicio en el que se determinará si la exconcejala de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, cometió una irregularidad al legalizar la residencia universitaria del campus quedó visto para sentencia. Lo hizo después de una segunda jornada marcada por las conclusiones de las partes y por el alegato final de los procesados. Tras escuchar a todos los implicados y a los testigos, el ministerio fiscal mantuvo su posición de no formular ninguna acusación penal contra la exedila, que dejó el cargo en enero del 2015 y que se sentó en el banquillo por un asunto que se remonta al año 2011.
«La licencia es ilegal y así se demostró en sentencia del contencioso, pero esta ilegalidad no presupone un delito penal [...] tendría que ser grosera y que la viera hasta el más profano y este no es el caso», explicó la representante de la fiscalía. En su intervención también llamó la atención sobre el hecho de que los querellantes (Casas Orense) conocieran la supuesta irregularidad penal desde el año 2011 y que no acudieran a la vía judicial hasta tiempo después y que lo hicieran en un primer término en el contencioso.
No renunció, ni mucho menos, a su alegato final la exedila del gobierno socialista. Áurea Soto se preguntó qué hacía en un juicio penal si ya había una resolución administrativa sobre la legalización de la residencia universitaria. Y volvió a defender su actuación: «Jamás pedí a un técnico que hiciera cambios en los informes ni sé cómo se hace. Es falso que pidiera un informe a la carta».
Áurea Soto acabó su intervención final enviando un mensaje en clara clave política: «Estoy aquí por unos odios que han hecho mucho daño a la ciudad de Ourense. Aquí se puede extorsionar a un concejal de Urbanismo; esta es mi ciudad. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho». En esa línea profundizó también el abogado de la exedila de Urbanismo. Carlos Hernández indicó: «Se están jugando los minutos de la basura, porque el objetivo era sacar a Soto de la concejalía y propiciar un cambio de gobierno. En Ourense los promotores urbanísticos se llevaban el 10 % del aprovechamiento que era de todos los vecinos. Cuando llegó Áurea Soto se paró y el primer proyecto que lo sufre es el de Casas Orense, a quienes se les dice que tiene que poner el 10 %».
El proceso judicial en marcha también señalaba al que en aquel momento era técnico municipal, Bienvenido Fernández, al que se acusa de elaborar un informe ad hoc para facilitar la legalización de la residencia. «Se me ha hecho un daño irreparable a mí y a mi familia», concluyó.
Para la acusación particular, representada por el abogado Antonio Feijoo Miranda, las dos sesiones en el penal han servido para constatar que Áurea Soto cometió un delito de prevaricación -Casas Orense solicita una pena de un año de prisión y diez de inhabilitación profesional- al entender que concedió la licencia de apertura a la residencia a sabiendas que no se había realizado la obligatoria urbanización del entorno. El letrado mantiene que lo hizo a sabiendas de que cometía una irregularidad y que eludió de forma consciente la petición de informes que podrían dificultar esa legalización. «Áurea Soto dijo que esto lo iba a arreglar a su manera, en una semana y con un informe ad hoc». A mayores, el abogado de los denunciantes entiende que la exedila de Urbanismo cometió una ilegalidad «grosera» y que lo hizo con «desprecio por la seguridad de los vecinos». Y es que, precisamente, el debate sobre si las obras de urbanización que no se ejecutaron hasta el posterior precinto de la residencia eran o no imprescindibles para garantizar la seguridad de la residencia centró buena parte del debate.
Entre los testigos que comparecieron ayer en el penal 2 de Ourense se encontraba el exalcalde de Ourense, Enrique Nóvoa, quien declaró no recordar cuándo se había inaugurado la residencia universitaria, pese a formar parte en ese momento del gobierno de la ciudad de Ourense. Desde la concesionaria de la residencia, por su parte, se alegó que no pudieron ejecutar las obras de urbanización porque no tenían los terrenos. Los denunciantes, sin embargo, consideran que lo que pretendían era «ahorrarse ese dinero» y que nunca tuvieron la intención de realizar esa urbanización, que finalmente asumió la junta de compensación de los terrenos.