El «déjà vu» de la exconcejala Áurea Soto

Rubén Nóvoa Pérez
rubén nóvoa OURENSE / LA VOZ

OURENSE CIUDAD

Santi M. Amil

La exedila asegura que no le «chirrió» nada en la legalización de la residencia del campus en el 2011

21 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Áurea Soto dejó de ser concejala en Ourense en enero del año 2015. Lo hizo, tal y como marca el código ético del PSOE, cuando tuvo conocimiento de que debía de sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación urbanística. La denuncia que acabó de forma abrupta con la carrera política de Soto fue la de la licencia de la plaza de San Antonio. La exedila fue absuelta por ese caso. Ahora casi cuatro años después de estar alejada del foco político tuvo que volver al banquillo de los acusados. Como en aquella ocasión, Soto respondió a la acusación particular de un presunto delito de prevaricación por la concesión de la licencia que en el año 2011 legalizaba la residencia universitaria del campus. También, como en la anterior ocasión, la denuncia llega del entorno de un promotor urbanístico.

En el arranque del juicio, que hoy continuará con la declaración de más testigos entre los que se encuentra el exalcalde de Ourense, Enrique Nóvoa, la exresponsable de Urbanismo defendió su actuación en el caso de la residencia del campus y argumentó que en todo momento actuó de acuerdo a los informes técnicos que tenía encima de la mesa. «No me chirrió ninguna de las decisiones», señaló la exconcejala socialista. Soto también negó, a preguntas del letrado de la acusación Antonio Feijoo Miranda, que sometiera a ningún tipo de presión a técnicos municipales. Esa declaración coincidió con la que hizo el otro acusado.

La acusación particular, sin embargo, solicita un año de prisión y diez de inhabilitación profesional. Comparte banquillo con el técnico municipal, Bienvenido Fernández, para el que también piden condena al entender que ambos dieron luz verde a la legalización de la residencia universitaria sin contar con todos los informes preceptivos. La instalación llevaba abierta desde el 2001 y luego tuvo que clausurarse. Por su parte, la fiscalía propuso desde el primer momento el sobreseimiento de la causa, al no haber apreciado delito en la actuación de la exconcejala socialista.

Áurea Soto no fue la única exconcejala que ayer estuvo en este proceso abierto en el juzgado de lo penal número 1, aunque sí la única que lo hizo en calidad de acusada. Como testigos tuvieron que declarar, a petición de la defensa de Soto, los exediles del Partido Popular en el anterior mandato Ricardo Campo Labrador -lo hizo a través de videoconferencia desde el juzgado de Martorell (Barcelona)-, Aurelio Gómez Villar, Francisco Javier Rodríguez Nóvoa y José Luis Rodríguez Cid. A preguntas de la defensa, que quiso hacer ver lo extraño de que la instalación estuviera abierta durante una década pese a carecer de licencia municipal, todos ellos esgrimieron que no recordaban con claridad el expediente y que, en ningún caso, tenían conocimiento de que se estuviera cometiendo ninguna irregularidad. Ante el cariz que estaba tomando el interrogatorio a los exconcejales del Partido Popular, el juez cerró el paso a la defensa para que eludiese entrar en «chismes de política local».

Entre los testigos también compareció un representante de la junta de compensación y de la denunciante Casas Orense -tiene intereses en la zona para desarrollar una urbanización que a día de hoy se mantiene paralizada- y que reconoció que el principal motivo que les ha llevado a presentar la denuncia contra Áurea Soto era el «coste económico» de sus decisiones.