Obligan al Concello a garantizar el dinero para las indemnizaciones por un derribo
OURENSE CIUDAD
El TSXG pide que calcule el coste de tirar un edificio en la avenida Marcelo Macías
16 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.A finales de noviembre del 2016, el Concello de Ourense recibía un mandato judicial para demoler en el plazo de tres meses un edificio de noventa viviendas construido en el tramo final de la avenida Marcelo Macías. Dos años después, el caso continúa en una maraña judicial, de la que todo apunta a que tardará en salir.
De momento, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio la razón a los vecinos afectados por la orden de derribo y obligar al Concello de Ourense a que, de forma paralela, a la demolición del inmueble tendrán que determinarse las garantías y las cantidades que deberán prestarse para indemnizar a los afectados que de buena fe resulten perjudicados. Es decir, poner encima de la mesa el coste de las probables indemnizaciones a las que habría que hacer frente en caso de que la Justicia atienda las reclamaciones patrimoniales que se presenten. Hay que recordar, que en el momento en que se vendieron los pisos, estos contaban con licencia de ocupación y que, por tanto, estaban legalizados. Fue la caída del plan del 2003 y el regreso al urbanismo de 1986 el que cambió el escenario judicial y reabrió la puerta al derribo del inmueble de Marcelo Macías.
El gobierno local, siguiendo el criterio de la abogacía consistorial, ha decidido no recurrir el fallo del TSXG y acatar lo que dice la resolución al recurso de apelación presentado por la comunidad de propietarios de los números 146, 148 y 150 de Marcelo Macías.
El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, valoró ayer el fallo judicial y aclaró que hay discrepancias entre los técnicos municipales sobre si es necesario realizar esa garantía del coste de posibles indemnizaciones. En todo caso, el regidor popular explicó que acatará la sentencia y mostró su deseo de que se pueda llegar a la legalización del inmueble que, según expertos en materia urbanística, debería de llegar por la vía de la inclusión del edificio en el nuevo plan de urbanismo. «É unha mágoa que non se dese un paso antes para tratar de legalizado. Temos que traballar entre todos para non danar intereses de terceiros e os da cidade», señaló Jesús Vázquez.
El origen del litigio se remonta a la denuncia de unos propietarios de un solar próxima que demandaban el mismo nivel de edificabilidad que se otorgó a la parcela sobre la que se asienta este edificio. Solicitaron la anulación de las licencias concedidas y en medio del proceso judicial se cayó el plan del 2003 y les dejó sin cobertura urbanística.