Los acusados por el tiroteo en el CHUO niegan la intención de matar

Dicen que iban con armas porque se sentían amenazados y que dispararon por temor


ourense / la voz

Llevaban armas y realizaron algunos disparos, pero la intención no era matar a dos de los miembros de otra familia gitana con la que estaban enfrentados desde hace algún tiempo, a pesar de ser parientes. Fue lo que reconocieron dos de los seis acusados del tiroteo que la noche del 15 de mayo del 2016 tuvo lugar a las puertas del Centro Hospitalario de Ourense. Dos años y medio después se celebra en la Audiencia Provincial de Ourense, durante tres días, el juicio por aquellos hechos. La fiscalía sostiene que Antonio G. M. y sus hijos Daniel y Moisés G. B. llegaron al hospital con intención de acabar con la vida de sus parientes, al saber que allí estaba su hermana, embarazada de un miembro del clan rival y a la que no les dejaban ver.

Ellos lo negaron. Declaró en primer lugar el padre. Antonio G. M. sostiene que si llevaba armas en el maletero era porque sentía temor hacia sus oponentes. Habló de que habían sido víctimas de un tiroteo días antes en el poblado de A Fontenla en el que residen, pero que su intención cuando sacó la escopeta «de perdigones» en las inmediaciones de la entrada del hospital no era matar. «Podía haber disparado a Eduardo y si quisiera lo podía haber matado», sostuvo ante el tribunal. Alegó que estaba nervioso y que la enemistad con sus primos y consuegro ya ha desaparecido, tras la intermediación de los patriarcas gitanos.

Según esta versión, sus hijos, Daniel y Moisés, tuvieron una intervención distinta de la que recoge la fiscal en su escrito de acusación, en el que se apunta que los tres comenzaron a disparar contra la puerta del hospital con el propósito de atentar contra los parientes rivales. Daniel dijo que se encontraba en el interior del edificio hospitalario. Negó haber cogido ningún arma del maletero. «Jamás he efectuado un disparo», proclamó. Dijo que no sabía que su padre llevaba armas en el coche y desmintió que fuesen a ver a la hermana que se fue con el otro clan. «Mi padre jamás tuvo intención de matarlos. Si no, lo hubiéramos hecho antes, no en el hospital», declaró este acusado.

A preguntas de las defensas, aclaró que le hicieron la prueba de la parafina poco después de ser detenido «en el mismo día» de los hechos. Esta prueba científica -cuyos informes se conocerán en los siguientes días de vista oral- revela quién ha efectuado disparos recientemente por los restos que quedan.

Daniel G. añadió que han pagado la responsabilidad civil. Aunque no completamente, según matizaron otras partes. Según un portavoz familiar, han abonado unos 2.300 euros a las víctimas y a una afectada por impactos de disparo en su coche. El reconocimiento de algunos de los hechos por parte de los acusados y el pago de la responsabilidad civil pudo propiciar un acuerdo de conformidad para evitar este juicio pero finalmente no se llevó a cabo. El otro hermano al que se acusa de haber realizado disparos, Moisés G. B., dijo que bajó desde el interior del hospital, donde estaba visitando a su mujer y a su hijo recién nacido. Admitió que cogió la escopeta del maletero y «empecé a disparar al aire».

Dijo que Eduardo y Francisco, del otro clan, los tenían «amenazados». Comentó que su padre dejó a ambos hermanos en la plaza de San Cosme después de esconder las armas. Y negó que hubiese un acuerdo con su tío Diego G. M. y con sus primos para cometer este acto.

«De seis personas, cuatro no han hecho nada», afirma un portavoz del clan

La sala de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial se llenó de familiares de los acusados, interesados en seguir el juicio de sus allegados. Un portavoz, José Montoya, aseguró en el exterior: «De seis personas, cuatro no han hecho nada». Supuestamente, a quienes exculpan es a Daniel G. B. por haber disparado accidentalmente en un forcejeo con su padre y a los otros tres acusados que llegaron posteriormente.

Todos están acusados de dos delitos de intento de homicidio y de desórdenes públicos. Pero Diego G. M. y sus hijos, Rubén y Miqueas G. M., supuestamente se enfrentaron a un vigilante de seguridad que les salió al paso. Al padre, Diego, se le acusa de haberle encañonado con el arma y de haberle dicho «si no te apartas, te parto por la mitad». Este afirmó que llegaron al ser avisados en el poblado de que algo le había pasado a su hermano en el hospital.

El padre aseguró que Rubén permaneció en todo momento en el coche. Diego G. asegura que el arma que llevaba era una «escopeta simulada», además de un bastón y que no se acercó al vigilante, sino que vio a este braceando a unos quince metros. Insistió en la idea de que «en el supuesto» de que quisieran agredir a sus oponentes lo hubieran hecho «sin nadie». Su abogado le preguntó si se reconocía en un vídeo subido a YouTube en el que se ve la escena, y en la que no hay enfrentamiento. El acusado dice que sí es el. Los hijos ratificaron su versión. Por cada uno de los dos delitos de homicidio intentado, la fiscalía pide cuatro años de prisión. La defensa pide libre absolución y, como mucho, admite delito de lesiones.

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