Aplacemos cuatro meses


Muy contentos deben estar los proveedores del Concello de Ourense. Según los últimos informes, las facturas que adeuda la institución tardan en liquidarse 119 días, un plazo que supera, y con mucho, el máximo permitido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Según esa norma los pagos deben hacerse en un tiempo máximo de treinta días, pero en el caso de la capital ourensana ya son cuatro meses los que se tarda en cumplir el trámite. Increíble.

¿Se imaginan qué pasaría si cualquier ciudadano fuese hoy a comprar un abrigo y le dijese al comerciante que, por ahora, no se lo puede pagar? ¿O qué podría ocurrirle a un contribuyente si, aduciendo excusas varias, superase el plazo máximo establecido para pagar un impuesto municipal?

Alargar de forma tan abusiva el pago a proveedores no es solo una irregularidad, sino también un ejemplo pésimo de cómo debe funcionar una administración pública. Ello por no hablar de la comprometida situación en la que este proceder administrativo puede estar colocando a quienes están pendientes de percibir el dinero que nunca llega. Porque aunque nadie piense en ellos, los que surten al Concello de Ourense, entre los que seguramente habrá autónomos o pequeños empresarios locales, tal vez estén pasando apuros. Ellos, al fin y al cabo, no tienen la capacidad de posponer ni un día el pago de sus impuestos o el abono de los gastos que les acarrea el desarrollo de su actividad. No sé, visto lo visto, quizás debamos todos seguir el ejemplo y dejar para otro día lo de afrontar nuestras obligaciones monetarias. Si el Concello puede, ¿por qué nosotros no?

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