El pleno dará hoy luz verde a casi 30 obras repartidas por la ciudad

A las actuaciones del plan de obras se suman mejoras de viales como Bedoya o Saínza


ourense / la voz

A falta de presupuestos, que se encuentran prorrogados desde el año 2014, al gobierno de Ourense tan solo le quedan las modificaciones de crédito como herramienta para cambiar las cuentas e introducir actuaciones que se antojan vitales para la ciudad de Ourense. Es por eso que hoy irán a pleno un total de 17 modificaciones de crédito por un importe total de 18,6 millones de euros. De esas operaciones, un total de seis fueron solicitadas por la Concellería de Infraestructuras e Medio Ambiente para concluir el plan de obras de los años 2016-2017 y para nuevas actuaciones, que han sido consensuadas con los colectivos vecinales.

El anuncio del PSOE de que apoyará todas las obras que pasaron por la comisión de seguimiento del plan de inversiones garantiza casi 30 intervenciones en la ciudad y un desembolso económico superior a los once millones de euros. Al margen de ejecutar lo que quedó pendiente de la anterior fase, el gobierno de Ourense ha incluido un lote de nuevas obras. Así, está reservada una partida de casi un millón de euros para ejecutar mejoras en el firme de las calles Bedoya, Pardo de Cela, Nosa Señora da Saínza y Ramón Puga Noguerol. Otra modificación servirá para dar continuidad al paseo de la margen del río Barbaña entre la Molinera y el puente de Irmáns Xesta (134.440 euros) y para la humanización de la canella del Barbaña y el Pozo do Inferno. Otra cuantía importante que queda garantizado por el acuerdo entre PP y PSOE es para la urbanización del campo de O Outeiro y la calle Outeiro en Velle (442.626,54 euros). Fuera del plan de obras también se incluye una partida de 157.492,80 euros para dar cumplimiento a una sentencia del contencioso.

Los nueve millones que restan son la herencia que quedó del plan de inversiones 2016-2017 y que no pudo ejecutarse. Hay una veintena de obras en este ramillete de proyectos, entre las que destaca por su importe económico el elevador público de la Cruz Alta y A Milagrosa, que tiene un coste estimado de 1,3 millones de euros. Otra de las actuaciones que consumirá una parte considerable de los fondos es la ampliación y acondicionamiento del vial que une Pradobó y O Pereiro (870.000 euros) o la humanización de las calles Sol, Boa Vista y Do Campo en Eiroás (770.000 euros).

En esa partida de 9,1 millones de euros también se incluye el pago de la dirección de obra y la coordinación de seguridad de una docena de actuaciones que fueron ejecutadas en la primera fase del plan y que fueron cofinanciadas con la Diputación de Ourense. El importe es de 37.337 euros.

Una obra a mayores, aunque no viene ordenada desde Infraestructuras sino desde Benestar Social, tiene que ver con el proyecto de mejora de la protectora de animales de Eiroás (218.000 euros).

La marea ve obstruccionismo

Por otro lado, el grupo municipal de Ourense en Común acusa al gobierno del PP de obstruir el acceso a la información de varias de las modificaciones de crédito previstas para el pleno de hoy. «Hai unha obstrucción reiterada e intencionada», aseguran. En concreto, lamentan que las memorias de las entidades comerciales y federaciones vecinales que, aseguran, no fuesen entregadas hasta el martes a su formación. Asimismo apuntan a que la documentación relativa a las mejoras en la protectora de animales siguen sin ser enviadas.

Otra votación dictará si se pagan 2,1 millones por un conflicto urbanístico

Los concejales de Ourense tendrán hoy doble sesión. A la ya esperada, convocada para las 9.00 horas, se suma otra que fue notificada ayer por la vía de urgencia. Tiene que ver con una modificación de crédito para pagar, a raíz de una sentencia judicial, una indemnización de 2,1 millones de euros a un promotor urbanístico ourensano al no poder edificar unas traseras que colindan con la avenida de Portugal. Se trata de un viejo pleito urbanístico, iniciado en el año 1999 y que llegará hoy al salón de plenos para someter a votación la aprobación del pago de esa indemnización, bajo apercibimiento de multas coercitivas y diligencias penales en caso de que se continúe sin abonar. El abogado del constructor, Antonio Feijoo Miranda, asegura que el cumplimiento de esta obligación económica es «indeclinable» y advierte que sobre el alcalde y sobre el resto de concejales amenaza una multa coercitiva «al margen del daño que causan a la ciudad si se negasen al pago de una suma judicialmente reconocida por devengo de interés de mora procesal».

El origen del pleito parte de que en el polígono previsto en el plan del 86 hay una zona que quedó sin edificar por construir otros propietarios antes de realizarse el proyecto de reparcelación de la zona.

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