El juez admite la querella de la fiscalía por acoso inmobiliario y llama como investigados a dos cargos de la Xunta
OURENSE CIUDAD
El instructor investigará sí presionaron a dos inquilinos dejando sin servicios el inmueble de Concepción Arenal en el que residían
23 oct 2018 . Actualizado a las 16:38 h.El Juzgado de Instrucción número dos de Ourense admitió a trámite la querella presentada por la fiscalía y citó a declarar, en calidad de investigados, a dos cargos de la Xunta por un supuesto caso de coacciones inmobiliarias a una vecina de la ciudad. La mujer, nonagenaria, residía como inquilina en un edificio propiedad de la Xunta, situado en la plaza de Concepción Arenal, y supuestamente los cargos públicos intentaron presionarla para que dejase el piso.
En el auto de admisión a trámite al que tuvo acceso Efe, el instructor emplaza, por tanto, a los dos cargos de la Consellería de Facenda, de la Administración Autonómica, a declarar en calidad de investigados por su relación con presuntas coacciones a los dos últimos inquilinos del edificio público situado en la extinta Cámara de la Propiedad Urbana, en la confluencia de la Avenida de la Habana con la Plaza de Concepción Arenal, en el centro de Ourense.
Los investigados son la secretaria general técnica y de Patrimonio de Facenda, M.P.S.M.H., y el subdirector de Patrimonio desde 1998, P.J.M.P. El fiscal jefe provincial, Florentino Delgado, acusa a ambos cargos de extralimitarse en el ejercicio de sus funciones al adoptar medidas «no amparadas en derecho, con dejación consciente y manifiesta de las obligaciones» y con el ánimo de «forzar y doblegar la voluntad de los arrendatarios, para que abandonaran el edificio o aceptaran un acuerdo».
El desahucio fue rechazado por la Audiencia Provincial de Ourense, en sentencia firme. El 30 de octubre de 1963 se suscribió contrato de arrendamiento entre C.V.G.V, como arrendatario, y la entonces Cámara de la Propiedad Urbana, como arrendadora de la vivienda ubicada en la Avenida de la Habana de Ourense. Tras su muerte, se subrogó el arrendamiento su esposa Dª. L.V.C., que «desde entonces viene ocupando ininterrumpidamente» hasta la fecha siendo su única vivienda habitual con carácter permanente.
En su escrito, el fiscal explica que el motivo de «dejar expedito el inmueble» tenía que ver con un tema económico, puesto que la renta mensual de la mujer inquilina «era de 25,26 euros y la del hombre, de 74,97 euros», mientras que los gastos de mantenimiento del edificio «eran de un importe notablemente superior al importe de las rentas». Para ello, denuncia las deficiencias «muy graves» relacionadas con la decisión de no realizar el mantenimiento del ascensor como medida de presión. A día de hoy el servicio de ascensor no se ha restableció. «El estado del edificio a día de hoy se puede calificar de lamentable e insalubre al haberse suprimido el servicio de limpieza y mantenimiento del edificio, no contando con el servicio de ascensor ni tan siquiera con el de un portero automático», abunda el texto.
Además de los dos cargos de la Xunta ,el juez también cita a declarar en noviembre a la perjudicada de casi 93 años de edad que denunció ante la Fiscalía presiones de la administración para que desalojara su vivienda habitual, así como al otro vecino que todavía reside en el edificio.
La primera deberá comparecer a finales de noviembre -el fiscal jefe solicitó que se le tomara declaración «a la mayor urgencia posible» dada su «muy avanzada edad y enfermedad»-; mientras que el segundo lo hará el 4 de diciembre.
