La fiscalía sostiene un caso de drogas en los mismos policías para los que pide prisión en otro asunto
OURENSE CIUDAD
Las defensas creen que la actuación está contaminada por las sospechas que pesan sobre los agentes incriminados por Asuntos Internos
19 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La misma intervención policial que puso bajo sospecha al grupo de drogas de la comisaría de Ourense, desarrollada entre diciembre del 2014 y marzo del 2015, sostiene una acusación formal contra seis acusados de narcotráfico. Que el fiscal acuse en otra causa al inspector que dirigió aquella operación, a quien atribuye haber colaborado estrechamente con varias traficantes para obtener beneficio profesional. no fue obstáculo para que el ministerio público defendiera una actuación que permitió hallar 400 gramos de cocaína y catorce kilos de hachís. Rebajó la petición de condena para uno de los seis implicados, pero la mantuvo para los otros cinco, con peticiones de cárcel que se mueven entre los seis y los dos años. La grieta abierta en la policía por la Unidad de Asuntos Internos (UAI), que a partir de un anónimo inició una investigación interna precisamente con el caso que ahora se juzga y que tildó de irregular, fue aprovechada por los abogados defensores. Creen que hubo un delito provocado, en la que medida en que uno de los ahora acusados -Josito V. V.- sería entonces confidente de la policía y su intervención arrastró a los demás.
Manuel de Prado, abogado del supuesto confidente -extremo que niega el exjefe de drogas, Antonio R - resaltó que la declaración de José se ajusta a la verdad, pero, sorprendentemente, es quien peor parado puede salir. Otros acusados, mientras, «se saldrán de rositas», a su juicio.
La llamada operación Zamburiña, en la que aparecen como acusados cuatro policías y un grupo numeroso de presuntos traficantes, liderado por Josefa Pucha P. G. y en el que también figura Josito, muestra «policías conchabados con delincuentes». Esa presunta connivencia, por la que la fiscalía acaba de acusar, contamina este procedimiento, según el sentir que mostró este y la mayoría de abogados defensores.
Reclamó de la sala la nulidad radical del atestado policial, pues, a su juicio, se iba acomodando en función de la actitud de cada uno de los acusados. Es falso, afirmó el letrado. Frente a ello, la fiscal del caso concedió implícitamente veracidad al atestado, toda vez que en el otro caso no se atribuye a los funcionarios delito alguno de falsedad. José, enfatizó su abogado, actuó en este caso bajo los dictados de la policía.
La defensa de los acusados, sea como fuere, mostró diferencias, pese a las dudas de fondo comunes. José Ramón P. C. reivindica su decisiva colaboración para acceder a la droga en el coche que conducía el 27 de diciembre del 2014 de regreso a Ourense y para localizar diez kilos de hachís en una buhardilla, de cuya existencia no sospechaba la policía. Le pide la fiscal tres años de prisión. «Como escarmiento ya le llegaron siete meses de prisión preventiva».
La abogada de Ismael N. S., sobre quien en su momento centró la policía su actuación y para quien la fiscal pide seis años de cárcel, cree que todo se «orquestó» para perjudicarlo. Y ello a pesar de que no ocupársele droga. Diego L. G. aparece como el «pobre pardillo» que acompañó a Ismael a tomar algo a Porriño y Mos, sin otra intervención. Para él pide la fiscalía cuatro años, al igual que para Josito, el confidente, al que se atribuye la función de suministrador de cocaína.
En cuanto a Josué C. A., detenido en Vigo con cuatro kilos de hachís, su confesión de que era suya la droga y la condición probada de toxicómano llevó a la fiscalía a reducir la petición de condena a dos años. Su abogado, no obstante, cree que aún existe margen para suavizarla más.
Finalmente, para el vilagarciano Gonzalo V. B., con una petición de pena de cuatro años, como presunto suministrador, su defensora lo presentó como consumidor, por lo que el hecho de que su huella apareciera en una bolsa forma parte de la lógica de quien toca la mercancía.