Un procedimiento por narcotráfico con seis imputados desvela aspectos dudosos sobre la acción contra los policías del grupo de drogas de la comisaría de Ourense
18 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Podía ser un caso más de tráfico de drogas en la Audiencia Provincial, con seis acusados, pero la aguda crisis que sacude a la comisaría de Ourense desde el 2014 está dando una inesperada dimensión a un asunto que en sí mismo tiene peso, en la medida en que se retiraron del mercado catorce kilos de hachís y 400 gramos de cocaína. Abrieron algunas defensas el camino para intentar rentabilizar el hecho de que los responsables de la operación estén bajo sospecha por una investigación de la Unidad de Asuntos Internos (UAI). Frente a las invocadas dudas sobre la limpieza de la operación, con citas puntuales a informes policiales internos y a la causa que se sigue contra el grupo de drogas desmantelado en 2015, su exjefe proclamó ayer que «Asuntos Internos miente». Actuaba como testigo. Obligado a ser veraz.
No solo mienten Asuntos Internos en sus informes, abundó Antonio R., sino que incluso miraron para otro lado cuando, en sus pesquisas, no hicieron nada cuando surgió el nombre de un policía de Vigo, fácil de identificar en una intervención telefónica al aparecer citado por su nombre de pila y destino. No es la única irregularidad, imprecisión o falsedad, en palabras del exjefe de drogas de Ourense, cuando se refirió al trabajo de la UAI. Aprovechó ayer la ocasión para aportar a la sala copia del fax que en la tarde del día 27 de diciembre del 2014 envió a la Guardia Civil para solicitar apoyo de su unidad canina. Afirmaba Asuntos Internos en su primer escrito al juez el 4 de marzo del 2015, tras unos meses de discreta investigación, que el grupo de drogas de Ourense había despreciado el afinado olfato de los perros, porque, según su interpretación, sabían perfectamente cuánta droga había y en qué parte del coche venía oculta. Se lo habían dicho, según la interpretación de la UAI, los confidentes a los que protegían. Era un indicio más para pedir al juez que les permitieran pinchar sus teléfonos.
Explicó Antonio R. que la investigación que ahora juzga la Audiencia -que sustenta parte de las imputaciones de Asuntos Internos sobre la supuesta corrupción policial en Ourense- se inició cuando era jefe de grupo uno de los inspectores gemelos, Roy D. L., que precisamente a finales del 2014 fue relevado. Coinciden las fechas del cambio con el envío de un anónimo contra Antonio R. y otros policías próximos a él, que la titular del Juzgado de Instrucción 3 atribuye a Roy, a su hermano Bernardo y al policía que murió de un tiro en la cabeza en abril del 2016.
Aparte de explicar la forma en que se desarrolló la operación que condujo a la detención de los seis acusados, entre el 27 de diciembre del 2014 y marzo del 2015, cuando su teléfono y el de otros compañeros ya estaba pinchado por Asuntos Internos, el exjefe de drogas de la comisaría desveló cómo aquellos habían ignorado una conversación en la que se decía que un policía de Vigo había dado un chivatazo para alertar a otra persona sobre la operación entonces en marcha.
Frente a las sospechas de que su confidente era Josito V. V., uno de los seis imputados que hoy comparten banquillo en esta causa, el exjefe de drogas no solo lo negó, sino que ofreció su versión sobre la conversación que Asuntos Internos veía como prueba de esa relación. Aseguró el exinspector de drogas que sabía de Josito desde principios el 2014 y que lo tenía por sospechoso de traer droga a Ourense. No lo trataba, sin embargo. Contactó con él. Lo hizo telefónicamente, con el indisimulado objetivo de presionarlo para que mantuviera la boca cerrada, sin transmitir la información que le había llegado sobre la presencia de policías de Ourense en Vigo. «Me interesaba que mantuviera la calma, para no reventar una operación que tenía mucho trabajo detrás», aseguró. Las expectativas eran muy superiores a lo que se logró, pero, pese a ello, sentó en el banquillo a seis personas, para quienes la fiscalía pide penas que oscilan entre tres y seis años de prisión. La más baja, de tres años, para un acusado sin antecedentes, José Ramón P. C., que conducía un coche en el que había droga y cuyo testimonio fue determinante para localizar en una buhardilla diez kilos de hachís, de los que la policía no tenía conocimiento ni sospecha. Para Diego L. L., Gonzalo V. B., José V. V. y Josué C. A., cuatro años, que eleva a seis en el caso de Ismael N. S., que es quien centró el inicio de las pesquisas. La vista remata hoy con los informes.