El exjefe policial de drogas mantiene en un recurso que la causa contra él está invalidada de raíz al haber arrancado con una ilegalidad y pide que se archive ya
10 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La tortura se ha convertido en un recurso dialéctico más. Ya había sido invocada en otra ocasión la teoría de los frutos del árbol envenenado, según la cual no puede prosperar un procedimiento judicial que arranca de forma irregular, es decir, ilegal. El letrado de exjefe del grupo de drogas de la comisaría de Ourense, Antonio Troncoso, ha ido un paso más allá a la hora de profundizar en esa línea, para reclamar el archivo de actuaciones en el caso de drogas que salpica a tres
de los integrantes del grupo de estupefacientes desmantelado en noviembre del 2015 a partir de una intervención de la Unidad de Asuntos Internos (UAI). En realidad son cuatro policías los acusados en el mismo asunto, pero a uno le adjudican el juez y la fiscalía un papel secundario, sin relación con el narcotráfico.
Nacida la llamada operación Zamburiña por anónimos enviados desde la comisaría de Ourense, escritos a los que luego se colgaron otras actuaciones irregulares, el exjefe de drogas considera en su recurso que el procedimiento está invalidado. Su letrado sostiene que es ahora cuando se debe anular, sin esperar a que siga adelante, ni dejar que llegue a juicio el caso de drogas.
«Sería algo semejante -salvando ciertas distancias- a que se hubiese obtenido confesión con tortura ,o sustraído documentación o efectos de un domicilio por una unidad investigadora, sin haber contado con autorización judicial para acceder al domicilio, y que el órgano instructor, pese a ser conocedor de tales ilegalidades, continuase adelante y perpetuase una instrucción absolutamente teñida de actuaciones criminales y abocada al más rotundo de los fracasos: la declaración de nulidad de todo lo actuado», según dice la defensa en el recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 que en junio pasado dio el penúltimo empujón al asunto para llevarlo a juicio.
«¿Se cerraría la instrucción pasando a la fase intermedia y se celebraría el plenario, si en otras diligencias se estuviese enjuiciando a las unidades investigadoras por haber ‘arrancado’ una confesión mediante tortura?». Y más. «¿Se esperaría a la solución del segundo de los casos -el que afectase a la tortura- y, posteriormente, en el caso de que hubiese habido un pronunciamiento condenatorio, se revisaría la condena impuesta en el procedimiento en el que se cometió la atrocidad, a pesar de haber detectado la conducta criminal, aceptando mientras que alguien estuviese privado de libertad de modo provisional o cumpliendo una pena?», remata la argumentación.
Los razonamientos que aporta la defensa del exjefe policial de drogas buscan, en la forma y en el fondo, la subordinación de todos los procedimientos que desde el 2014 salpican a la comisaría de policía en la causa que se sigue en Instrucción 3. Se inició esta última en abril del 2016 con la muerte del policía Celso Blanco, suceso al que concede la jueza un carácter homicida. las posteriores pesquisas de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) condujeron a la detención de los inspectores gemelos Bernardo y Roy D. L., a quienes se relacionó con los anónimos falsos, la desaparición de armas, el acceso irregular a bases de datos y la muerte del agente.
Uno de los aspectos que se censura en este recurso, cuya valoración corresponde ahora a la Audiencia Provincial, es la inacción judicial -y también de Asuntos Internos- a la hora de investigar la autoría del escrito, máxime cuando en él se decía que el autor era un policía. Reprocha, asimismo, supuestas manipulaciones de la UAI para incriminar a los agentes de drogas.
Dieciséis acusados, narcotráfico y colaboración
El juez de instrucción y la fiscalía han acogido las tesis de Asuntos Internos para incriminar por presunta colaboración a tres de los policías del desmantelado grupo de estupefacientes. La fiscalía, de hecho, pide para ellos, entre otras, penas de seis y siete años de prisión por delito contra la salud pública. En la causa aparece otro policía y doce personas más -con Josefa ‘Pucha’ P. G. como supuesto cerebro- por la introducción y venta de la droga.