La fiscalía acusa a tres policías de asesorar y proteger a narcotraficantes

Propone condenas de cárcel de más de seis años tanto para el grupo de los traficantes como para los tres agentes


Ourense

 

"Era vox populi en el mundillo del tráfico de estupefacientes», según afirma la fiscalía, que Josefa Pucha P. G. contaba con protección policial para desarrollar esa actividad delictiva. Pero nada afloraba en los últimos años, ni llegó tampoco a unas diligencias judiciales, hasta que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía empezó a investigar una supuesta trama, de la que había tenido noticias por anónimos enviados por otros policías de Ourense. En noviembre del 2014 arrancó formalmente la operación Zamburiña, de la que en marzo del 2015, con un boceto de sospechas ya perfilado, dio cuenta Asuntos Internos al juez y a la fiscalía. Un año después pasaron por los calabozos, o tuvieron la condición de investigados, cuatro de los miembros del grupo de drogas de la comisaría. Con ellos cayeron en noviembre del 2015 otras nueve personas presuntamente dedicadas al narcotráfico. Ahora, la fiscalía los acusa a todos. Van en el mismo paquete. Llegado el momento del juicio, salvo imprevistos, compartirán banquillo y acusación traficantes y policías.

En noviembre se cumplirán cuatro años de inicio de unas pesquisas que condujeron al hallazgo de más de ocho kilos de droga y dos armas ilegales. La supuesta red de tráfico de drogas dirigida por Pucha quedó descabezada. Y cuatro funcionarios se vieron apartados del servicio por supuesta connivencia. No consta, sin embargo, que hubieran obtenido beneficio económico directo los policías a quienes la fiscalía atribuye haber amparado, protegido, planificado, aconsejado e incluso dirigido operaciones de un red de tráfico de drogas en Ourense. Buscaban crédito corporativo y ello, según el escrito de acusación del ministerio público, les reportaba reconocimiento profesional. El exjefe del grupo de drogas de la comisaría de Ourense «llegó incluso a asesorar sobre la forma de actuar para realizar operaciones de compra o venta de drogas con éxito, con total impunidad». Consentían los policías, según la fiscalía, que operara con total libertad el grupo liderado por Josefa Pucha P. A. y, a cambio, «eliminaban competencia» y obtenían buenos resultados a la hora de engordar las estadísticas policiales con operaciones exitosas.

De los trece imputados en la llamada operación Zamburiña, ejecutada por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía a raíz de una investigación sobre presuntas prácticas de corrupción, cuatro son policías. Formaban parte del grupo de estupefacientes. El grado de participación que la fiscalía les atribuye en diferente. De hecho, a uno de ellos, José Antonio R. F., solo lo vincula con episodios de acceso irregular a bases de datos, por lo que propone como condena una multa de 5.400 euros y dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. El horizonte que el ministerio público dibuja para los otros tres policías es bien distinto. Aparte de ese mismo delito, con propuesta de penas similares, añade para Antonio R. F., Felipe M. A. y Mercedes C. G. el tráfico de drogas, con peticiones de condena de siete años y seis meses para el primero, y con seis años y tres meses para cada uno de los otros dos. A mayores, al exjefe del grupo y a otro agente los acusa de omisión del deber de perseguir delitos, con propuestas de quince meses de inhabilitación. Por narcotráfico reclama quince o doce años de inhabilitación para cargo o empleo público.

Entre las actuaciones que la fiscalía atribuye a los policías, documentadas en gran medida por conversaciones telefónicas intervenidas, se cuentan un aviso a Pucha para advertirle que «un sujeto ha querido delatarla»; control -e información directa- sobre matrículas cuando los traficantes sospechaban de algún coche, que en algún caso era camuflado de la Guardia Civil y al menos en otro era de Asuntos Internos cuando vigilaban una casa de Pucha en Punxín, o dejar de actuar al tener conocimiento y constancia de la existencia de dos armas ilegales.

«No se trata -dice la fiscal- de una mera colaboración con simples confidentes para obtener información útil para el desarrollo de sus investigaciones, sino que van un paso más allá, facilitando abiertamente la actividad ilícita de las personas dedicadas a actividades contra la salud pública, con las que mantuvo un trato habitual, provocando con ello, además, la frustración de cualquier intento de investigación por parte de otros grupos de investigación» policial.

Detalla la fiscalía en el escrito de acusación cómo en junio del 2015 se abrió desde el grupo de drogas de la comisaría una «investigación simulada», con el nombre de Compadre. Con ella, al incluir los nombres de Josefa P. A., María Fátima G. M., José Ramón R. R. y José V. V. en la supuesta operación, e incorporarlos a la base de datos de investigaciones a nivel nacional, en el supuesto de que hubiera otras intervenciones que afectaran a esas personas saltaría alguna alerta. Podrían, así, «avisar y proteger» a esas personas. La operación Compadre, según detalla el ministerio público, se creó cinco días después de que los implicados tuvieran sospechas de ser investigados en Pontevedra. Para mantener activa la alarma y evitar que la Unidad Central de Inteligencia Criminal dejara la operación como pasiva, con lo que ya no recibiría alertas, se añadió una matrícula antes de los tres meses y el número de teléfono de Pucha con posterioridad. Desarticulado el grupo de drogas en noviembre del 2015, de la Compadre solo se supo después para incorporarla como otra prueba de cargo.

Aparte de los cuatro policías, la fiscalía vincula a nueve personas con la pertenencia a un grupo criminal dirigido por Josefa Pucha P. G., para quien pide dos años de cárcel por ese delito, nueve más por tráfico de drogas, con papel también relevante de Fátima G. M., con petición de pena prácticamente igual. En el siguiente escalón coloca a José V. V., Rachid E., José Ramón R. R., para quienes solicita -en cada caso- quince meses y siete años y medio de cárcel, por los mismos delitos. Para los otros cuatro acusados, con un papel en la trama limitado a la distribución, las penas propuestas son de más de seis años por narcotráfico y quince meses por pertenencia a banda criminal.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
2 votos
Comentarios

La fiscalía acusa a tres policías de asesorar y proteger a narcotraficantes