La Xunta dice que abrirá en 2020 el centro para adultos discapacitados

La firma coruñesa Iglesias Veiga Arquitectos es la autora del diseño ganador del concurso de ideas para el edifico


ourense / la voz

El centro residencial y de atención a personas con discapacidad (CAPD) de Ourense ya tiene forma. Es la que le ha dado la firma Iglesias Veiga Arquitectos en el concurso de ideas convocado por la Xunta y, que ayer, en la última reunión del jurado calificador, fue seleccionado entre los quince que se presentaron a esta convocatoria.

El edificio, que ocupará 4.500 metros cuadrados, se adapta a la pendiente del terreno cedido por el Concello de Ourense en Barrocás, perfilando una forma de peine que crea espacios a distintos niveles. Los inferiores se destinarán a instalaciones de trabajo para el personal; el intermedio aglutinará la mayor parte de la actividad del centro y en los superiores estará la zona residencial.

A falta de que se compruebe que la empresa tiene todo en regla para asumir la elaboración del proyecto que guiará luego la construcción, lo que sí se sabe es que gusta a los padres de la plataforma que demanda esta infraestructura. O al menos a la arquitecta que ellos nombraron para que formase parte de la mesa calificadora y velase para que el espacio cumpliese con los requisitos necesarios para ofrecer la atención que sus hijos o familiares precisan. Cabe recordar que los padres rechazaron el primer proyecto que les presentó la Xunta por no ajustarse a los criterios asistenciales que demandaban.

Ya entonces los padres decían que no les importaba esperar algo más si realmente con ello conseguían un servicio más digno, y ayer volvían a repetir el mismo argumento cuando la directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fabiola García Martínez, confirmaba que no se abrirá hasta 2020. Recordó que los arquitectos tienen tres meses y medio para presentar los proyectos pero que también hay que contar con los plazos necesarios para sacar a concurso la construcción y los de ejecución de la obra. Eso sí, García Martínez, matizaba que se agilizarán todos los procesos, incluido el de la dotación de equipamiento, que pretenden tener antes de que finalice la obra.

Menos tranquilos están los padres en relación con la gestión del centro, que ellos quieren que sea pública. Ayer, la directora xeral, insistía en que el compromiso es que «será un centro público», aunque evitó utilizar la palabra gestión.

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