La fiscalía reclama más testigos para afianzar una causa de prostitución

Quiere citar a más mujeres identificadas en un club para que digan qué hacían allí


ourense / la voz

Un atestado policial de enero del 2017 dio lugar a la apertura de unas diligencias penales por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, prostitución, estafa y falsedad documental. Las inspecciones ordinarias de la brigada de extranjería de la comisaría de Ourense, sumadas a la declaración de tres testigos protegidos, sustentaron en mayo del 2017 la autorización judicial de registro de un establecimiento situado en la carretera de Santiago, en las afueras de Ourense. En diciembre del 2017 pidieron el archivo de la causa los defensores de dos de las seis personas investigadas. El caso sigue abierto. La fiscalía ha pedido que se localice a las personas que se encontraban en el club de alterne cuando entró la policía, para incorporar su declaración. Quiere saber si trabajaban en el local, en qué condiciones, si estaban dados laboralmente de alta o no, si se dedican a la prostitución libremente o lo hacen en contra de su voluntad, si las vigilaban y si, en fin, eran presionadas por los investigados.

El ministerio trata, aparentemente, de dar una mayor solvencia al panorama que pintan las tres testigos protegidos, que son, según se desprende de los testimonios, personas que en algún momento prestaron servicios en el establecimiento.

En una de las últimas declaraciones en el Juzgado de Instrucción 3 de Ourense, el pasado 5 de diciembre decía una de estas testigos -identificada con una sucesión de números y letras como medida de protección- que ella cobraba 43 o 53 euros, que en el local se consume droga y que los clientes pagan 30 euros por medio gramo de cocaína, que a algún cliente le cobraron con tarjeta, sin dar resguardo ni permitir que estuviera presente cuando se pasaba la tarjeta por la máquina. Las condiciones de trabajo, afirma, eran malas, la habitaciones estaban sucias y «con frío para morirse». Y aunque le daban una sola comida al día, tenía libertad para salir, o para alquilar vivienda, o para comer fuera. Aunque, según se recoge en su declaración, siendo una persona que trabaja en la noche, no tiene dinero para pagar otro sitio.

Tres testigos protegidos

Todo muy vago, dice los defensores que han pedido el archivo del procedimiento. No solo eso sino que ven en las declaraciones de las testigos protegidos un discurso semejante, que sirvieron para justificar un mandamiento de entrada y registro del cual, en opinión de los letrados, no se obtuvo resultado alguno para afianzar las imputaciones.

En este procedimiento figuran como investigadas seis personas. La presunta responsable y sus dos hijos, otro hombre a quien se relaciona en las diligencias con labores de entrega de suministro de drogas y dos mujeres más, a quienes la policía y las testigos protegidos conceden papel de cierta responsabilidad en la ordenación y control de la actividad en en interior del club.

De los 53 euros que paga el cliente, 13 son para la gerencia del club

Las declaraciones de las testigos protegidas detallan la mecánica de las labores de alterne y las posteriores relaciones sexuales. Aparece recogido en su testimonio, entre otras cosas, cómo supuestamente les indican que si acude la policía deben decir que acaban de llegar y que es su primer día en el local. De los 53 euros que el cliente desembolsa, 40 son para las mujeres y el resto se lo queda la gerencia del club en concepto de comisión, sábana y preservativo. Detalla el informe policial cómo las empleadas del local tienen a su servicio, previo pago y para el desarrollo de su actividad, lubricante a diez euros; vaselina, 5 euros; caja de condón, 2 euros; lubricante Durex Play, 10 euros; vibrador, 15 euros en alquiler, aunque por 40 lo pueden comprar, según la lista.

Una investigada discapacitada, conexión con otro asunto recién archivado

Una de las mujeres de este caso figura entre las investigadas en otro asunto de prostitución, que en julio archivó la jueza de Bande al no haber encontrado indicios mínimamente sólidos para seguir adelante. Este había adquirido gran notoriedad el pasado mes de febrero, al aparecer vinculado con la muerte de otra chica dedicada a la prostitución. La posibilidad de que el suicidio escondiera presiones, para el ejercicio de esa actividad, daba una nueva dimensión al caso.

Nada halló la jueza para seguir adelante con una causa que incluyó el registro en un bar de Grou, en Lobios, donde no se encontró prueba alguna de que se hubiera obligado a ejercer la prostitución ni a la chica que se había suicidado ni a ninguna otra.

Llama la atención, en este punto, que la misma mujer que aparece en las dos causas, en ambas con un supuesto papel de persona de confianza, tenga reconocido un 55 % de discapacidad por el Servizo de Dependencia e Autonomía Personal, de acuerdo con una certificación oficial del mes de julio del 2015, formalmente vigente hasta el 13 de julio del 2018.

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