La desarticulación en noviembre del 2015 del grupo de estupefacientes por el presunto amparo a una red de tráfico de drogas marca un antes y un después. Más recientemente, en enero del 2018, la detención de los dos inspectores gemelos -uno de ellos ya jubilado y retirado del servicio en ese momento- fue el mazazo definitivo a la imagen policial. La jueza vinculó abiertamente a los dos funcionarios con el homicidio de un compañero, que en principio se había presentado como un suicidio. En ese momento afloraban las notables diferencias en el modo de trabajar de llevar una instrucción. En el caso de drogas, imputados cuatro policías de estupefacientes, incluido el exjefe, el juez se apoyó y confió absolutamente en el trabajo de la Unidad de Asuntos Internos (UAI). No solo eso. Criticó a la UDEV de la comisaría de Ourense, por no haberle enviado a él lo que iban descubriendo sobre el robo de las armas.
La jueza de Instrucción 3, que puntualmente también ha pedido apoyo a la Guardia Civil y a otros grupos policiales, ha tenido en la UDEV de Ourense su principal apoyo para avanzar y dirigir unas pesquisas que han situado a los gemelos Bernardo y Roy D. L. en el centro de una trama como sospechosos de una actuación planificada y desarrollada durante años. Arrancaría con los anónimos a la prensa y a la UAI, para finalizar con la muerte de Celso Blanco, que ve como un homicidio, o asesinato.
Los policías del grupo de drogas, a quienes el juez atribuye haber dado protección a traficantes a cambio de información, han tenido desde el primer momento un inequívoco apoyo interno, tanto en la cúpula de mando de la comisaría como entre sus compañeros. Ese respaldo lo ha expresado de una forma rotunda el SUP, que es el sindicato mayoritario. Ninguna voz interna, contrariamente, ha salido a reivindicar la labor o la inocencia de los dos inspectores gemelos.