La lupa vuelve sobre el robo de armas en la comisaría de policía de Ourense

La reapertura formal de la causa por la sustracción de seis piezas en la comisaría, abre al juez que la archivó una vía para valorar la teoría que señala a los inspectores gemelos


ourense / la voz

Nada se sabe, cuatro años después, de tres de las seis armas robadas en la comisaría de Ourense. La desaparición de estas piezas en el búnker, una situación que había trascendido a partir de un anónimo atribuido a policías, se había detectado en dos tiempos, en agosto del 2014 y en febrero del 2015. En dos juzgados de la capital se ha investigado el primero de los oscuros episodios que han ensombrecido la imagen de la policía en Ourense. A la llamativa falta de coordinación -que incluye a jueces, fiscalía y policía- ha puesto fin la Audiencia al resolver el conflicto de competencias y decidir que el juzgado que debe seguir con este caso es el primero que tuvo noticia de él. La decisión obliga a reabrir una diligencias que estaban archivadas. Las armas, pues, vuelven a escena. El asunto lleva su propio ritmo, como el de narcotráfico que también salpicó a agentes de la comisaría, o el de la muerte de un agente en las dependencias oficiales el 9 de abril del 2016. Aunque todo guarde relación, al menos por el escenario, en los juzgados no hay caso único. Armas, drogas y muerte siguen caminos propios y paralelos.

De la desaparición de las armas llegó a haber investigados distintos en procedimientos diferentes en dos juzgados de la capital. En Instrucción 1, donde se abrieron las primeras diligencias el 5 de septiembre del 2014, el juez mantuvo hasta el pasado mes de mayo en calidad de investigados al policía responsable de la armería y al secretario general de la comisaría. Las irregularidades en la custodia, decía, no tienen relevancia penal. Del robo no encontró sospechosos. De ese modo, el juez, Leonardo Álvarez, archivó el asunto.

Mientras, el procedimiento abierto en abril del 2016 por la muerte del policía Celso Blanco, que correspondió al Juzgado de Instrucción 3, ofrecía una visión totalmente distinta. En el despacho aparecieron tres de las armas sustraídas. De una salió el proyectil que acabó con el agente.

La raíz y el contexto

La jueza Eva Armesto, en la búsqueda de la raíz del mortal episodio para aclarar el hecho y contextualizarlo, llegó hasta los anónimos y el robo de armas. En enero del 2018 no solo desmontó la teoría del suicidio, sino que señaló como sospechosos de aquella sustracción a Bernardo y Roy D. L., los dos inspectores gemelos a quien también vinculó con la muerte del policía y otros delitos conectados con la misma trama. La jueza Armesto reclamó a su compañero Álvarez las diligencias sobre las armas. Con la fiscalía en desacuerdo con esa petición, la Audiencia ha zanjado la controversia. El caso es de Instrucción 1. Por eso, aunque ya estaba cerrado, volverá a abrirse. Instrucción 3 ha de remitir todas las actuaciones que afecten a ese aspecto. Y el juez Álvarez, que ya lo había archivado de acuerdo con su línea de investigación, enfocando el robo con un hecho aislado, se enfrenta ahora a la reapertura con una tesis radicalmente diferente a la suya. Nunca consideró este juez que los inspectores gemelos tuvieran que ver con el robo de armas, por lo que no los llamó como investigados. Se lo pidieron, pero no lo hizo. Ahora, una vez que vea el trabajo realizado por su compañera, deberá decidir si mantiene su tesis, o presta atención a la otra teoría y convoca como investigados a los gemelos Bernardo y Roy, a quienes Armesto cree autores del robo de las armas en la comisaría.

Cuestión de competencia

Al dejar claro la Audiencia que la competencia para investigar ese robo es de Instrucción 1, el juez se ha visto refrendado en sus críticas a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de Ourense. Es el equipo cuyo trabajo -en sintonía con la jueza de Instrucción 3 y la jefatura policial- ha vinculado a los inspectores gemelos con anónimos, injurias o calumnias, revelación de secretos, simulación de delito, el robo de las armas y el homicidio del compañero, lo más grave.

De este grupo policial decía el juez, en un auto del pasado mes de junio, que «no son responsables ni competentes» para intervenir en hechos que correspondían a su juzgado, tanto el de las armas como el de drogas, surgidos de los mismos anónimos. «Si tuviesen algún tipo de noticia o información que tuviera especial trascendencia para resolver la presente causa deberían de haberlo puesto en conocimiento de este instructor». Y aunque el auto con esa cita se refería al asunto de drogas, Leonardo Álvarez dejaba claro que era igualmente el único competente «para el conocimiento de los hechos relacionados con la sustracción de las armas del búnker existente en la comisaría de Ourense».

La fiscalía y la Audiencia han coincidido en eso. Queda por ver cómo valora el juez decano el trabajo de su compañera y, sobre todo, si a la luz de los datos ofrecidos por la UDEV a la jueza Eva Armesto, y no a él en su momento, llama ahora como investigados a los inspectores gemelos.

La investigación del mismo asunto se siguió con líneas totalmente distintas en dos juzgados

Finalizada la instrucción del caso de narcotráfico, la acusación pública tiene la palabra

La reanudación del curso, con la normalización de la actividad, traerá novedades en el entramado judicial que afecta a la comisaría. La causa de drogas, con dieciséis implicados, entre ellos cuatro policías, es la que está más avanzada. El juez dictó a mediados de junio el auto que marcó el fin de la instrucción y abrió plazo para que la fiscalía concrete ahora las acusaciones contra Josefa P. G., las personas que presuntamente formaban parte de su red de distribución de drogas y los cuatro policías a quienes implica. Una vez que el ministerio público concrete las imputaciones, con delimitación de responsabilidades, se abrirá el plazo para que las defensas presenten también sus escritos. Con todo, entre los letrados está muy afianzado el convencimiento de que en la instrucción del caso ha habido suficientes irregularidades como para dar lugar a la nulidad de las actuaciones. En este ámbito se estima que en el proceder de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) existen lagunas que tendrán efecto en el momento definitivo de la sentencia firme.

La fiscalía duda acerca del carácter homicida de la muerte de un agente en 2016

El juez Leonardo Álvarez no veía a finales de mayo razones para ceder el caso de las armas al juzgado donde se investiga la muerte del policía Celso Blanco. Echaba en falta informes o declaraciones que pusieran de manifiesto «primero que nos encontramos ante un delito de homicidio/asesinato y, segundo, que dicho delito pueda haber sido cometido para encubrir la sustracción de las armas». El mismo juez no ha encontrado «elementos de juicio» para sostener la tesis de su compañera la jueza de Instrucción número 3 de Ourense.

Posición similar es la que ha mantenido hasta ahora la fiscalía, con la muy relevante particularidad de que el ministerio público tiene acceso a toda la documentación de los dos juzgados, con lo cual dispone de más información y mayor perspectiva. La fiscalía tampoco ha dejado de expresar por escrito que «ni siquiera» se sabe si la muerte de Celso Blanco, cuyo cadáver apareció con un tiro en la cabeza el 9 de abril del 2016, es un suicidio o se trata de un homicidio.

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