La Interpol entra de rebote en el caso de la ayuda a domicilio iniciado en el 2012

Difícilmente se podía suponer en el 2012 que en la controversia sobre el servicio de ayuda a domicilio de la capital, alentada en los ámbitos político y judicial por el PP y Democracia Ourensana, acabaría entrando de rebote la Interpol y la República Bolivariana de Venezuela. La fuga de uno de los socios de la empresa Troncoso Saludges, Alberto López, que gestionaba el servicio en los años 2007 y 2008, ha dado al caso una dimensión a todas luces inesperada en sus albores.

Evaporada la perspectiva de que Venezuela atendiera la solicitud de extradición de Alberto López, economista, consultor y cónsul honorario de Costa de Marfil en Galicia, el juicio sobre la gestión de este servicio municipal de Ourense entre los años 2007 y 2011 es probable que se celebre con la asistencia de dos de los tres imputados. La exconcejala Marga Martín compartirá banquillo con el empresario José Troncoso, a la espera de una imprevisible entrega de Alberto López por parte de las autoridades venezolanas. De momento, por otro asunto, la han negado.

El actual instructor de la causa, iniciada en el 2012 por una denuncia de Democracia Ourensana, se encontró ayer, a la vuelta de sus vacaciones, con una comunicación de la Interpol que le anuncia desde Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia de aquel país ha declarado la improcedencia de la entrega. Está reclamado para que responda por un agujero de 400.000 euros en la cuenta del procedimiento concursal de Construcciones Otero. Era administrador concursal y al advertirse que había desaparecido el dinero, ante la perspectiva de verse acusado de malversación, desapareció. En busca y captura, Interpol lo localizó en Venezuela, donde está detenido, pero no será entregado a España.

La fuga de Alberto López hace un año, aunque tiene su origen en otro asunto, sitúa el caso de ayuda a domicilio -denunciado en el 2012 por Democracia Ourensana- ante la perspectiva de que el juicio se celebre en la primavera del 2019, según las estimaciones que manejan medios conocedores de la causa.

En tanto se resuelven los recursos contra la resolución del pasado mes de mayo en la que se imputa a la exconcejala Marga Martín y a los exsocios de la adjudicataria del servicio, José Troncoso y Alberto López, juez y fiscal deberán buscar la mejor salida al caso en lo que atañe a l papel de este último. Lo previsible es que la causa continúe para Martín y Troncoso. Serán juzgados en la Audiencia, sin el tercero, que será declarado en rebeldía, con una nueva petición de extradición a Venezuela.

La desaparición de López, sin abogado ni procurador en la causa al haber renunciados los profesiones que lo representaban, hace que hasta ahora ni se le haya notificado su situación en este procedimiento. La información enviada por Interpol al juzgado de Ourense obligará a la adopción de medidas en el caso de ayuda a domicilio, contando con que una de las piezas fundamentales no comparecerá voluntariamente.

El juez aprecia delitos de falsedad documental, estafa, fraude o exacciones ilegales, aparte de malversación de caudales públicos en la exconcejala. Se basa en supuestos incumplimientos de los compromisos adquiridos por la UTE Troncoso Saludges al ser adjudicataria el servicio. El instrucción considera que entre 2007 y 2008 hubo una doble facturación para regularizar gastos, con conceptos que no se correspondían a la realidad y abonos teóricos de desplazamientos y horas extraordinarias.

La exconcejala ha negado en todo momento las irregularidades que se le atribuyen. Sostiene que la supuesta doble facturación no era sino el pago a conceptos que no se habían incluido en las facturas mensuales. Todas, además, pasaban por los servicios técnicos municipales y también las veía la intervención. No ha dejado de subrayar, por otra parte, que en el 2007 se limitó a suscribir un procedimiento que había completado el anterior gobierno municipal del PP.

Troncoso, por su parte, ha culpado de todas las irregularidades a su antiguo socio, que era quien, según afirma, gestionaba todo. Cuando se presentó la denuncia ya habían roto su sociedad.

Las presuntas irregularidades en la gestión se cometieron entre 2007 y 2008

La instrucción dejó fuera del caso a los empleados municipales y al exalcalde Rodríguez

Inició la investigación del caso el actual presidente de la Audiencia, Antonio Piña, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 2. La dejó cuando cambió de destino y la remató Luis Doval, que en febrero del 2017 citó al exalcalde en calidad de investigado, de acuerdo con la petición formulada en tal sentido por la fiscalía. En contra de la opinión del ministerio público, el juez dejó fuera a Francisco Rodríguez, como también ha hecho con los demás funcionarios y empleados municipales que en distintos momentos fueron citados en calidad de investigados. El instructor no vio indicios de que se demorara de forma maliciosa la adjudicación del servicio, ni se quisiera beneficiar a la UTE Troncoso Saludges, cuando esta renunció a continuar. El cambio de juez penalizó el fin de la instrucción, que ya acumula seis años. A su desenlace aún le queda algún tiempo. Este es uno de los casos que la oposición político aprovechó para desgastar la imagen del bipartito municipal PSOE-BNG que se estrenó en 2007 y se quebró en su segundo mandato, a raíz de la crisis provocada por distintos procedimientos judiciales.

---

---

---