Tenemos a bomberos y policías en precario. Los primeros el martes levantaron la voz para decir que ya es suficiente al Concello de Ourense. Están cansados de trabajar en condiciones precarias (51 efectivos contra los 68 que marca la relación de puestos de trabajo) y de promesas incumplidas. El año pasado se dieron un palizón de horas extra, que incluso le valió alguna que otra crítica política, a cambio de que este verano estaría solucionado el problema. Sin embargo, todo sigue igual y la oferta pública de empleo para cubrir las bajas que se van produciendo no llega. Esperemos que no tengamos que lamentarlo algún día.
No están mucho más sobrados en la Policía Local de Ourense. Ahí sí que se avecina savia nueva. El Concello tiene en marcha un proceso -está a punto de concluir- para crear nueve plazas nuevas. Serán bien recibidas, ya que la carencia general de la plantilla se hace más acuciada en el caso de las patrullas que recorren la ciudad, debido al envejecimiento del personal. Este proceso de incorporación de policía parece ya imparable, toda vez que la justicia ha dado la razón al gobierno local en un curioso procedimiento judicial. El caso es que un sindicato policial había presentado un recurso pidiendo la anulación de la convocatoria por, entre otros argumentos, entender que se había realizado sin un plan económico financiero. El juez vino a poner cordura en una sentencia, cuya filosofía se resume en esta frase: «No alcanzo a ver el interés que puede tener el sindicato recurrente en la estimación de su pretensión, más allá de lograr una victoria judicial frente al Concello». No hay mucho más que añadir.