El juez estima que el sindicato denunciante solo quería una victoria ante el Concello
27 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Los aspirantes que han ido superando la criba del proceso para incorporar nuevos policías locales a Ourense pueden respirar tranquilos. Y es que además de los diferentes exámenes de la oferta de empleo pública lanzada por el Concello, estaban pendientes del proceso judicial abierto por el sindicato SPPME, que denunciaba irregularidades en la convocatoria. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Ourense da la razón al gobierno de Ourense y avala, por tanto, el procedimiento.
El fallo es un duro revés para el sindicato policial, ya que admite la primera alegación presentada por el Concello y que pasaba por entender que los denunciantes carecían de interés alguno en el proceso y que, por tanto, procedía rechazarlo por carecer de «legitimación activa» en la denuncia. Y es que para el magistrado José Andrés Verdeja no queda acredito el interés del sindicato policial, «más allá de lograr una victoria judicial frente al Concello».
Entre los argumentos referidos por el SPPME para tratar de tumbar la oferta pública de empleo de los años 2013 y 2014 -el fallo es el relativo al del primer año pero es fácilmente deducible que se haga efectivo también al segundo- se hablaba de la ausencia de un plan económico financiero. El juez le achaca que en sus alegatos en ningún momento hacen referencia a cómo podría haber variado el resultado del proceso acreditando, por ejemplo, que las plazas no se han podido cubrir pese a haber aspirantes que han superado el proceso por falta de recursos presupuestarios.
En la sentencia del contencioso ourensano también se llega a la conclusión de que la estimación del recurso presentado tendría la «perniciosa» consecuencia de dejar sin efecto un concurso y mermar el ya escaso número de agentes de la Policía Local. «Parece que incluso la finalidad perseguida (por los denunciantes) sería contraria a la de los integrantes del cuerpo policial y, en consecuencia, perjudicaría también a sus asociados». Es por ello que el juez llega a la conclusión de que en la denuncia tiene que haber otros intereses: «La finalidad real parece ser otra distinta a la que se afirma, y quizás venga motivada por enfrentamientos personales, políticos, o de otra índole, más que por una real, clara e indubitada defensa de los intereses de los trabajadores, que en ningún momento concretan».
El fallo, que fue notificado ayer al Concello de Ourense, data del 20 de julio y supone la inadmisión del recurso contencioso interpuesto por los representantes del sindicato SPPME contra un acuerdo de la junta de gobierno en el que se avalaba la oferta de plazas para la policía. Cabe un recurso de apelación en el mismo juzgado en un plazo de 15 días.
Los aspirantes tendrán que pasar por una academia
El proceso selectivo se encuentra en su recta final, una vez que los aspirantes han ido superando las pruebas. De acuerdo con la normativa fijada, tendrán que pasar un período de formación en una academia policial de A Estrada. La oferta pública del año 2013 reflejaba cinco plazas y una por movilidad, mientras que la del 2014 incluía cuatro nuevas y una más por movilidad. También está abierto un proceso interno para elegir a tres oficiales.
El «escueto» y «pobre» informe presentado por la administración para defenderse
Uno de los ejes de la denuncia del sindicato SPPME se basaba en la supuesta falta de competencia del jefe de servicio de Recursos Humanos, Francisco Javier Rodríguez, Nóvoa, para emitir informes al estar anulado su nombramiento por sentencia del mismo juzgado donde se trató el caso de las oposiciones policiales. Entiende el magistrado que es necesario recordar que el fallo sobre Rodríguez Nóvoa no es firme y que no existe ninguna medida cautelar adoptada que le impida emitir informes. Eso sí, el que se presentó para este caso por parte del Concello de Ourense no fue del agrado del magistrado. «El informe jurídico que sirve de base a la inadmisión a trámite del recurso de revisión no puede ser más pobre, en cuanto a que apenas hace referencia alguna en su fundamentación a los motivos concretos por los cuales se acuerda la inadmisión», explica.
Así, el juez entiende que el «escueto» informe no sirvió de base para su resolución y que esta se tomó sobre las alegaciones efectuadas por la letrada del Ayuntamiento y por el letrado de los codemandados.
Reacciones
La concejala de Personal, Flora Moure, y el de Seguridade Cidadá, Carlos Campos comparecieron de urgencia nada más conocerse el fallo para destacar que la Justicia avalaba cada uno de sus argumentos en el enfrentamiento abierto con el sindicato SPPME. Flora Moure valoró el hecho de que en el fallo se dejara constancia de la falta de interés para presentar este recurso en los juzgados.