DO difunde el fallo judicial y acusa al PP de «estafa» para favorecer a una de las empresas
18 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La relación entre el Concello de Ourense y la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Ecourense hace ya tiempo que también se dirime en los juzgados. Las sanciones impuestas por el gobierno local son, a menudo, recurridas por la UTE compuesta por FCC, Copasa y Geseco. En uno de esos fallos, el juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Ourense realiza un diagnóstico demoledor sobre el servicio en el que no salen bien paradas ninguna de las dos partes, una por inacción y la otra por no cumplir con las reglas del juego. «Dada la situación que se ha puesto de manifiesto, de incumplimiento contractual permanente imputable a la contratista, el Concello debió haber incoado un expediente específico para resolver con carácter definitivo lo que proceda sobre la devolución de ingresos indebidos y las consecuencias mayores que puede conllevar para la contratista dicho incumplimiento». Es decir, el magistrado Francisco de Cominges abre la puerta a una posible rescisión del contrato, si una vez ejecutado el expediente se determinan motivos para ello. Considera, además, que el Concello de Ourense está obligado a abrir ese expediente.
La sentencia que recoge esta reflexión se refiere a un recurso contencioso de Ecourense sobre las cantidades detraídas de las facturas mensuales emitidas desde marzo del 2012 hasta febrero del 2014. Cada mes, el Concello le descontó 10.459,19 euros al mes por incumplimiento en sus obligaciones y el juzgado avala esa decisión. En el fallo también se deja constancia de que Ecourense eludió devolver más de un millón de euros por cuestiones «meramente formales» al detectarse fallos en el procedimiento.
Jácome ve mala fe
La «sentencia fresca», que fue dictada el 5 de julio, fue desvelada ayer por Democracia Ourensana. Su portavoz, Gonzalo Jácome, recordó que su partido pidió en pleno rescatar la concesión y que PP y PSOE votaron en contra. Entiende, el líder de DO que el fallo judicial les da completamente la razón. «Y eso que siempre dicen que no tenemos ni idea», aseguró Jácome.
El líder del principal partido de la oposición considera que el gobierno de Ourense actuó con mala fe y que solo reclaman «calderilla para disimular», en referencia a los 10.000 euros mensuales. «Es una actuación fraudulenta y una estafa para favorecer a la empresa Copasa», concluyó.