El juez imputa a tres policías por proteger a traficantes a cambio de información

El instructor considera que con ese proceder lograban éxitos, en ocasiones contra los competidores de la red que amparaban


ourense / la voz

Protección a cambio de información es lo que, en opinión del juez Leonardo Álvarez, ofrecía el grupo de drogas de la comisaría de Ourense tanto a Josefa P. G., Pucha, supuesto cerebro de una red dedicada al tráfico de estupefacientes, como a otras personas vinculadas a su organización. Lo hacían, según el auto que imputa al inspector que era jefe del grupo y a dos agentes más los delitos de tráfico de drogas, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos, para «poder completar con éxito operaciones policiales dirigidas contra competidores de Josefa». En la resolución que supone el fin de la instrucción, que concreta las imputaciones y concede a la fiscalía un plazo de días para que concrete sus acusaciones, no aparece ninguna referencia a otros beneficios por parte de los policías. De Josefa se dice que llegaba a «vender cocaína a sabiendas de que se encontraba en mal estado».

El instructor ha llegado a la conclusión de que los policías no solo no realizaban actuaciones para perseguir o investigar la organización de Josefa, sino que alertaban sobre cualquier investigación que sobre ellos pudieran estar realizando otras unidades policiales o fuerzas de seguridad.

Tal sería el grado de colaboración, que el juez sustenta en el trabajo realizado por la Unidad de Asuntos Internos y el contenido de distintos pinchazos telefónicos, que Josefa llegó «a organizar entregar con competidores para facilitar operaciones exitosas» al grupo policial que lideraba Antonio R. y fue desmantelado en noviembre del 2015.

Al igual que ocurre con Josefa, el juez sostiene que también dos personas situadas en el siguiente escalón de la organización, María Fátima M. G. y José Ramón R. R., gozaban de protección. En el caso de José Ramón, tendrían los policías conocimiento de que poseía una pistola ilegal, sobre la que incluso harían gestiones para recuperarla, pues se la había prestado a otro investigado y este último no quería devolvérsela al propietario.

Llega el juez, por otra parte, a la conclusión de que, en el afán de ofrecer protección a distintas personas del grupo, acceden a bases de datos policiales para comprobar un matrícula y saber si el seguimiento a un sospechoso era suposición del afectado o se trataba de un coche policial.

En una de las grabaciones, según cita el juez, José Ramón pregunta al inspector por su arma. «Y este primero bromea y le dice que ya habló con la Pucha y que no se la van a devolver, a lo que Tronquito le dice que entonces le pague los 1.000 euros que le costó; después, Antonio le dice la verdad, que se las van a devolver entre hoy y mañana, y que cuando se la devuelvan que la lleve a casa y que la guarde».

El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, deja fuera de la causa a dos de los dieciséis investigados. Los cuatro policías corren distinta suerte. Al exjefe del grupo de drogas, Antonio R., a Felipe M. y a Herminda C. les atribuye narcotráfico, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos, aparte de tenencia ilícita de armas a Felipe, pues en su casa apareció un arma sin registrar. La imputación al cuarto agente investigado se limita a un episodio de revelación de secretos.

En cuanto a la red de tráfico de drogas, el juez aprecia delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal en el caso de Josefa P. G., José Ramón R. R., María Fátima G. M., José V. V., José Manuel G. P. y cinco personas más, cuyo papel ve secundario en la red.

Cocaína, heroína y hachís

En la operación que dio lugar a este procedimiento, con varios registros domiciliarios, la policía había hallado en viviendas relacionadas con Josefa más de cinco kilos de cocaína, un kilo de heroína y 600 gramos de hachís. En el negocio de otro sospechoso, José Ramón R. R., aparecieron 93 gramos de droga. A María Fátima G. M., le fueron localizados 543 gramos de hachís.

Este caso arrancó de una investigación de la Unidad de Asuntos Internos, iniciada tras la recepción de un anónimo en el que se dibujaba una trama de corrupción policial que incluía tráfico de armas e irregularidades vinculadas al tráfico de drogas. Como en el verano del 2014 se había denunciada desde la comisaría la desaparición de tres armas, con apertura de diligencias, el juez optó por reabrir la causa, que ya había archivado. Autorizó en marzo del 2015 la intervención de los teléfonos de nueve policías. De aquellos pinchazos se ha llegado a estas imputaciones.

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