O tenían una «bolita mágica» o mantenían tratos con narcotraficantes
OURENSE CIUDAD
El juez que instruye el caso de drogas que implica a cuatro policías de Ourense da un nuevo paso para completar y cerrar las diligencias
14 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, sigue atando flecos en el caso de tráfico de drogas que se inició en el 2014 a partir de un anónimo enviado a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la policía. Ayer rechazó la nulidad de actuaciones que habían pedido dos de los policías detenidos en noviembre del 2015. Invocaban la teoría de los frutos del árbol podrido, como cita el juez, para pedir que se anularan todas las diligencias que tenían su origen en el anónimo. No prospera la tesis.
El juez mantiene que, en este caso, tanto las intervenciones telefónicas como los registros domiciliarios, que permitieron concretar las sospechas y hallar la droga, respectivamente, se hicieron con amparo legal.
Y aunque este auto, notificado ayer a las partes, no tiene otro valor que la desestimación del recurso de nulidad, el instructor reafirma posiciones y deja patente, una vez, su plena confianza en Asuntos Internos y sus «informes minuciosos y perfectamente justificados». La «copiosa labor de investigación» justificó las intervenciones telefónicas, como ahora recuerda en su resolución.
Al margen de otras pesquisas
Vuelve el juez al punto de partida, cuando autorizó las peticiones de la UAI, aunque aspectos como el de los accesos irregulares a la bases de datos policiales -aquí atribuidos al inspector Antonio R., entonces jefe del grupo de drogas- hayan sido reconducidos en una dirección diferente, según las conclusiones de la titular de Instrucción 3 y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de Ourense, que los atribuyen ea los inspectores gemelos Bernardo y Roy D. L. para sembrar pistas falsas y despistar sus propias irregularidades.
Cita ahora el juez como algo «extraño» que el inspector responsable del drogas de drogas trabajara con personas ajenas al equipo de estupefacientes, incluso con policías fuera de servicio. El instructor vuelve a remitirse a la valoración inicial de Asuntos Internos, que veían «extraño» el éxito de cuatro operaciones sin la más mínima labor de investigación. Arrancaban las intervenciones porque «se tiene información», porque «mediante llamada telefónica» habían sido alertados, o porque habían observado movimientos en un décimo piso. Todo ello, dice Leonardo Álvarez, «lleva a este instructor a pensar que, a menos que el inspector Antonio R. disponga de una bolita mágica, parece que tiene relaciones con gente relacionada con el tráfico de estupefacientes de la ciudad de Ourense, gente de la que obtiene información» relacionada con el narcotráfico en la ciudad.
La nulidad de actuaciones en el caso drogas la habían pedido dos de los policías investigados. Se sumaron después las defensas de Josefa P. G., supuesto cerebro de la red desarticulada en la operación Zamburiña, y del inspector Antonio R., sin que en ningún caso hayan prosperados los argumentos aportados a la causa.
El auto de denegación de la declaración de nulidad, aunque formalmente se limita a ese aspecto concreto, supone un paso más en el camino hacia el cierre de las diligencias previas y la continuación de la causa por el procedimiento ordinario.
Desligado de este caso el robo de armas y diferenciado del que corresponde a los anónimos y a la muerte de un policía en la comisaría el 9 de abril del 2016, figuran aquí dieciséis personas como investigadas. Cuatro eran policías en activo, entonces en el grupo de drogas, cuando se intervino en noviembre del 2015.