El pleno del Consello del Ribeiro se enfrenta a una nueva prueba de confianza hacia su presidente

Los vocales han de decidir si se recurre o no la sentencia que ordena readmitir a la despedida gerente


ourense / la voz

En menos de seis meses, sin haber cumplido un año en el cargo, el presidente del Consello Regulador del Ribeiro se enfrenta hoy a un asunto de tipo laboral, pero con un trasfondo que le da apariencia de moción de confianza. Cuando Juan Casares propuso el pleno del 14 de diciembre el despido de la entonces gerente, Cristina Alcalá, los vocales sabían que no había margen para una tercera vía: tenían que elegir entre uno de los dos. Ganó Casares ocho a dos. Ahora llega la segunda parte, después de que un juzgado de lo social haya declarado nulo el despido. El pleno ha sido convocado para decidir, con la presión de los plazos, si se recurre esa sentencia al Tribunal Superior de Galicia, o si se acepta la readmisión, el abono de las nóminas desde el mes de diciembre (las retribuciones anuales suman 50.000 euros) y el pago de una indemnización de 8.000 euros a la afectada.

Las circunstancias son diferentes, pero el planteamiento de fondo es previsiblemente idéntico. Calla el presidente, pero si hace medio año presentó el despido como un órdago, «o ella o yo», es más que probable que hoy mantenga aquella determinación.

El pleno fue convocado con carácter de urgencia. La sentencia del Juzgado de lo Social número 1 concede para la formalización del recurso un plazo de cinco días hábiles desde la notificación. El presidente mantuvo ayer contactos informales con varios vocales. Hoy se verán las caras de nuevo. La decisión es del pleno, cuyos miembros tendrán ocasión de plantear dudas y escuchar la información de los asesores legales del Consello, que han visto cómo el juez coincidía en que no había habido acoso laboral por parte de Juan Casares hacia Cristina Alcalá, pero optó por declarar nulo el despido. El presidente veía alejarse, de paso, la perspectiva de eventuales responsabilidades penales, que ya había descartado la fiscalía.

«Tensión» evidente

El desencuentro entre Juan Casares y Cristina Alcalá afloró desde el momento en el que accedió al cargo el actual presidente, que compatibiliza el puesto con el de director de la Estación de Enoloxía e Viticultura de Galicia (EVEGA). Como recoge la sentencia sobre el despido, en una reunión del Consello Regulador de noviembre del 2017 la vocal Ana Méndez había lamentado que «la tensión entre vosotros dos genera tensión entre los trabajadores» y, ante la perspectiva de que Alcalá dejara de ejercer también como secretaria, decía la empresaria no tener claro si la sustituta propuesta por el presidente estaba capacitada para ocupar ese puesto.

El despido de la gerente fue aprobado en el pleno de 14 de diciembre. La propuesta del presidente contó con el respaldo de ocho vocales y fue rechazada solo por dos: Ana Méndez (Campante) y José Manuel Martínez Juste (Pazo de Casanova-Casal de Armán).

La enésima crisis en el Consello del Ribeiro, a partir de la falta de entendimiento entre el presidente y la gerente, también se ve en el sector como una muestra de la tensión política en la comarca, significativamente en el seno del PP. Alcalá y el anterior presidente, Felicísimo Pereiro, mantenían un excelente sintonía con el parlamentario popular José González. Al nuevo presidente, sin embargo, se le sitúa en posiciones políticas más próximas al exalcalde de Arnoia, Rogelio Martínez, que disputó sin éxito una de las vocalías, precisamente a de González, cuyo peso se veía reforzado al ganar la candidatura de Pazo Casanova - Casal de Armán, si bien con la marcha de Alcalá ha perdido influencia.

La sentencia se retrasó al haber fallado el sistema de grabación durante el juicio

Se había celebrado el juicio el día 11 de abril. Ni la demandante ni el presidente del Consello Regulador tuvieron intervención alguna. Este último, de hecho, ni asistió a la vista. La sentencia se ha retrasado casi dos meses, en contra de lo que es habitual tanto en los juzgados de lo social de Ourense y, particularmente, en el número 1, del que es titular Francisco Javier Blanco Mosquera. La revisión de la grabación de la vista permitió constatar que la última parte estaba mal. No había sonido. Pidió el juez opinión a las partes sobre una eventual nulidad. Se optó, sin embargo, por conceder el 7 de mayo un período excepcional para que formularan sus conclusiones por escrito. Lo hicieron los abogados y el juez, solventada de ese modo la carencia por razones técnicos, dictó sentencia.

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